La violencia de género no aparece en su máxima expresión en un solo día. Implica comienzos breves, reconciliaciones, agresiones verbales, económicas y recién al final de ese proceso -si no hay redes de contención para evitarlo- se llega a la brutalidad que sufrió Yohana Barrionuevo (27), a quien su pareja la roció con nafta y la prendió fuego el domingo 22 de marzo delante de los dos pequeños hijos, de 4 y 7 años.

Esa instancia llegó después de ocho años de calvario. Sus familiares relataron ante distintos medios de prensa que presentaron la denuncia contra Adrián Aguilar -expareja, actualmente detenido e imputado por homicidio en grado de tentativa-, pero “nunca se tomaron medidas”.

Sin embargo, no hay registros de que ese calvario haya tenido su correlato en la Justicia, ya sea porque no fueron escuchados o porque no asistieron al lugar correcto.

Según informó Cecilia Fernández, la jueza que entiende en temas de violencia familiar en los tribunales villamarienses desde el año 2011, hay registrada una sola denuncia de Yohana contra Aguilar, que data del año 2008. En ese entonces, como no había un juzgado específico, recayó en el fuero Civil, en este caso, en el Juzgado de Augusto Camissa.

“Estuvimos analizando los archivos y en esa oportunidad, ella había pedido una restricción a Aguilar para que no pudiera acercarse a su domicilio”, dijo Fernández, aclarando que, como toda medida cautelar, se dicta por un tiempo determinado.

“En febrero de 2009 comparecen juntos al Juzgado informando que habían decidido retomar la convivencia. El juez, en esa oportunidad, les pidió que acreditaran que estaban en tratamiento psicológico, algo que no hicieron”, informó.

En 2014 y sin que haya ninguna denuncia más, se archivó la causa, tal como consta en los registros del Sistema de Administración de Causas (SAC) de la Justicia provincial.

Le preguntamos a la magistrada por qué no llegaron las denuncias que, al menos en seis oportunidades, la familia dijo que presentó contra el agresor: 

-Desconozco, al Juzgado no llegaron y también estuve viendo en la Policía; tampoco presentaron ninguna denuncia allí”, afirmó.

Sobre ese punto, señaló que después de la muerte de Claudia Rodríguez (la mujer asesinada por su expareja a mazazos enfrente de la Municipalidad) “la Policía tiene la orden de tomar todas las denuncias y las pasa al Juzgado”, señaló.

“Leí en los diarios que la Municipalidad asistió a Yohana, precisamente por el riesgo que vivía. Quiero decirles a los funcionarios que todos tienen la obligación de denunciar, de llevar el caso a Tribunales para que se tomen las medidas cautelares del caso”, agregó.

 

Botón antipánico

Funcionarios municipales aseguraron que la mujer que está internada actualmente en el Instituto del Quemado había pedido un botón antipánico y se lo negaron. Al respecto,  Cecilia Fernández negó terminantemente que haya sido solicitado: “El único lugar en el que se da el botón es en este Juzgado y cada persona que lo pide,  lo obtiene. Cuando más, puede demorar un día la entrega. Algunas veces tenemos dudas sobre si es necesario o no, pero como no contamos con equipo de constatación de las denuncias, los entregamos igual. Después enviamos los datos para que el personal técnico del Centro de Integración Social (CIS) lo evalúe. Pero reitero, a todos los que pidieron el botón, se lo entregamos”.

Actualmente, hay 26 dispositivos en manos de mujeres que están en riesgo en esta ciudad.

Desde el CIS, Rosa Cámpora señaló que actualmente hay unas 50 mujeres recibiendo asistencia por ser víctimas de violencia. Además de contar con profesionales que las asisten, entregan subsidios para los casos en los que el agresor y el proveedor económico del hogar, son la misma persona. También otorgan cobertura con obra social. “Nunca recibimos una consulta de Yohana ni de sus familiares”, aclaró.