El 67% de los reclamos que recibió la Auditoría General de Villa María a lo largo de 2014 se produjo por cuestiones vinculadas a la defensoría del consumidor. Hubo 276 expedientes abiertos por ese motivo, de un total anual de 412.
El 37,7% de esas circunstancias que atañen a los consumidores estuvieron motivadas por anomalías en el servicio de la telefonía celular (ver página 4).
El dato fue revelado ayer por Luis Rey, el defensor del Pueblo de la ciudad, en su paso por el Concejo Deliberante, adonde concurrió a brindar un informe ante los ediles tal como lo marca la Carta Orgánica Municipal.
A ese motivo de reclamo le siguieron los referidos a servicios financieros y bancarios, con 32 expedientes; atención al vecino y prestación de servicios municipales, con 28, y a temas de tránsito, con 22.
Por asesoramiento y conflicto entre particulares hubo 13 expedientes nuevos, por telefonía fija e Internet, 10, y por discapacidad, 2.
Casi en el 85% de los casos hubo una respuesta. Está en trámite el 12% y resultó desestimado sólo el 2,91% de los expedientes.
Audiencias de conciliación
Ante los concejales (no estuvo presente Georgina Etchegaray) Rey precisó que en el 40% de los casos formales resultó necesaria la intervención del equipo jurídico de la sede para convocar a las partes a participar de audiencias de conciliación. Este recurso tuvo “muy buenos resultados” en estos años para ayudar a resolver los conflictos y “una efectividad que se debe en gran medida a la buena voluntad del empresariado local, muchas veces partícipes en esta modalidad”, tal como lo señaló a EL DIARIO cuando se iba del Concejo Deliberante (ver página 4).
“El propósito es gestionar las quejas y reclamos recibidos de manera ágil y dinámica, con el objetivo de que los tiempos entre demanda y respuesta sean los más breves posibles. La informalidad que caracteriza a esta institución, donde las personas que acuden con algún reclamo lo hacen libre de toda traba burocrática o formal, permitió obtener una respuesta positiva del orden del 85% de los casos en los que se tomó intervención, otro 12% aún permanece en trámite y sólo el 3% fue desestimado o derivado a un organismo con facultades para su resolución, como, por ejemplo, casos relacionados a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, jurisdicción en la que la Auditoría no podía intervenir pero sí solicitar la actuación de su par y colega en la mesa de ADPRA”, detalló.
Por otra parte, el abogado señaló que durante 2014, por delegación que hiciera el Enargas, se receptaron los pedidos de ciudadanos que solicitaban ser incluidos en la tarifa subsidiada al gas, emitiendo dictamen sobre cada uno de esos planteos, con lo cual se ha facilitado al vecino el acceso a dicho beneficio. En igual sentido, y con motivo de la moratoria previsional dispuesta por el Gobierno nacional mediante la Ley 26.970, a través de un convenio suscripto con la delegación villamariense de ANSES, la Defensoría gestionó la solicitud de turnos para iniciar el trámite jubilatorio.
El ombudsman recalcó también el trabajo que se realizó en conjunto con la Defensoría Pública dependiente del Poder Judicial local, a la que le remitió los casos de personas carenciadas que requerían de la interposición de una acción de amparo “por cuestiones en que sólo era posible obtener una rápida respuesta por dicha vía judicial”.
Y dijo que la Auditoría General fue admitida como miembro del Instituto Internacional del Ombudsman con sede en Viena, por reunir los requisitos de admisibilidad exigidos por ese organismo.
