El intendente Eduardo Accastello recibió ayer una nota de los tribunos José Naselli (Democracia Cristiana) y Francisco Maristany (Frente Cívico), en el que interrogan sobre la compra de doce unidades nuevas de transporte urbano de pasajeros, realizada a fines de 2007.
En teoría, la adquisición por más de cuatro millones de pesos la hizo TransBus, empresa privada cuyo gerente es Eduardo Rodríguez (p). La Municipalidad se constituyó como el garante y principal pagador de esa operación.
En esencia, los tribunos preguntan cómo es que, si la que termina pagando es la Municipalidad con el dinero de los vecinos, los colectivos son de una empresa privada.
En otro escenario, si el pago lo hace la Municipalidad y los coches quedan para el Estado local, preguntan por qué se evadieron las normas de compra establecidas, que claramente por ese monto fijan la licitación como exigencia y no la compra directa.

@ Las preguntas

En el pedido de informes, los tribunos preguntan en primer lugar, dónde están las constancias de las asambleas de accionistas de Emtupse que autorizaron al entonces titular de la empresa municipal, Juan Carlos Odriozola, a firmar el boleto de compraventa por las doce unidades nuevas adquiridas en cuotas a la empresa cordobesa Corcam SA.
Cabe señalar que en el boleto aludido, se asegura que Odriozola “se encuentra autorizado expresamente para suscribir la presente, conforme a cuenta la asamblea de accionistas de fecha....”.
El punto suspensivo es real. Nunca se puso una fecha para dar cuenta de la asamblea porque, según Jorge Grasso, el mismo síndico ratificado por el intendente Accastello, nunca hubo una asamblea desde que se constituyó la empresa municipal que tiene a su cargo la concesión del transporte urbano de pasajeros.
También piden una explicación del Decreto municipal 2123, firmado por Accastello y el secretario de Gobierno, Héctor Muñoz, por el cual se autoriza a la Emtupse a ser garante y principal pagador de cuotas de los nuevos colectivos.
“Queremos saber si al dictar el Decreto 2123, el Ejecutivo municipal no advirtió que comprometía gravemente al erario municipal”, dado que se trata de un contrato de más de cuatro millones de pesos, más los intereses que son difíciles de definir, dado que dependen de la variación de precios del fabricante de los chasis adquiridos.
Cabe señalar que la Municipalidad retiene el monto de los boletos y del subsidio que viene de la Nación para afrontar el pago de cuotas.
Por todos estos hechos, Maristany y Naselli preguntan si “la sistemática de la operatoria significa eludir la obligación contenida en el artículo 78 de la Ordenanza 5.884, que alude no solamente a compras, sino también a contrataciones por valores superiores a los 250 mil pesos y para lo cual es ineludible el llamado a licitación pública”.
Además de pedir el estado de la cuenta entre TransBus y la empresa que vendió las unidades, es decir, cómo van llevando los pagos de las cuotas, preguntan si “se evaluó la capacidad y solvencia financiera de TransBus. En su caso, qué métodos de evaluación se siguieron y qué profesionales expertos en la materia fueron consultados”.
Agregan en el pedido de informes una solicitud de las razones por las cuales “los chasis no se adquirieron directamente a nombre de la Municipalidad, de tal manera que la misma se convirtiera en propietaria de las unidades que hoy son de TransBus y por los cuales la Municipalidad habría erogado, a la fecha, sumas de montos significativos”.

@ Advertencia

Los tribunos advierten en el párrafo final de la nota entregada ayer al intendente que encuentran una “mora llamativa” en la respuesta a sus inquietudes, sobre temas tales como los sueldos que cobran los directivos de Emtupse o el estado de los terrenos sobre los que se construyeron las 400 viviendas.
“Cual sea la razón que asista al Ejecutivo Municipal para no dar los informes requeridos o acompañar la documentación solicitada, nos permitimos advertir que los abajo firmantes no vamos a renunciar a nuestras facultades legales, como tampoco a los deberes que la ciudadanía nos atribuyó cuando dispuso, mediante el ejercicio del sufragio, nuestra designación como miembros del Tribunal de Cuentas”.