Junto al concejal Darío Capitani o en soledad, el tribuno José Naselli remitió nuevamente durante los últimos días, pedidos de información sobre la contratación exclusiva de una escribanía para la realización de escrituras del Parque Industrial y acerca de las faltas de rendiciones de gastos de fondos públicos, entregados en función de diversas ordenanzas.

En el caso de los documentos correspondientes a propiedades en el ejido del Parque Industrial, Naselli junto al edil del PRO, reiteraron su denuncia hacia el Directorio del Ente Municipal que administra el lugar acusando que presentan una “conducta arbitraria y discrecional”.

“Advertimos que mediante una decisión funcional que definimos como ‘desviación de poder’´ las autoridades del Ente derivaron la confección de todas las escrituras por compraventa de terrenos a la Escribana Alcira del Valle Spila”, puntualizaron.

“De tal manera, se viola el mandato legal contenido en la Carta Orgánica Municipal, y en la Ordenanza Nº 6.469 (de aplicación en todo el sector público municipal), que exige un proceso de contratación de servicios, que asegure la igualdad de oportunidades para otros interesados”, señalaron el concejal y el vocal del Tribunal de Cuentas.

“Sin perjuicio de expresar nuestra extrañeza por el cerrado silencio de todos los funcionarios involucrados, nos permitimos insistir a los fines de que adopten los recaudos necesarios para revertir de manera urgente este estado de arbitrariedad continua en el que el Directorio del Ente se ha situado, al borde de una ilegitimidad completamente reprochable”, redondearon.

No lo convocan

De manera individual pero como sustentando como factor coincidente la solicitud de información, Naselli pidió ser recibido en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, para tratar lo que él considera “un asunto de altísima gravedad institucional” como es omitir la presentación de rendición de cuentas por gastos del erario público.

“Tal conducta no sólo significa la elusión de un principio fundamental del sistema republicano de gobierno. Puede llegar a configurar un delito previsto en nuestro Código Penal, equiparable a la administración fraudulenta de caudales públicos y  al incumplimiento de los deberes de los funcionarios”, enfatizó el referente del Partido Villamariense.

“De ser así, no solamente delinque quien defrauda. También delinque quien o quienes consienten en silencio este quebrantamiento moral y legal”, precisó el tribuno.

“Sin intención de constituirme en pedagogo de los concejales, me permito recordarles que el deber de defensa del patrimonio público es un derecho y un deber de cualquier vecino. Por ello me resulta contradictorio y enigmático el cerrado silencio de los concejales, a mi respetuosa solicitud”, lanzó el vocal para concluir.