El fiscal de Instrucción del Primer Turno elevó ayer a juicio la causa por la cual se investiga la dudosa muerte de un niño en una clínica de Villa María, en un presunto caso de “mala praxis” médica que tuvo su fatal desenlace hace cuatro años y medio.
En el requerimiento de citación a juicio, Félix Alejandro Martínez imputó a dos de los tres acusados, atribuyéndoles la supuesta comisión del delito de “homicidio culposo”, que es sancionado con prisión de seis meses a cinco años e inhabilitación especial para el desempeño de la profesión por hasta 10 años.
La medida procesal alcanza al anestesista Guillermo Roque Ceferino Nardi, de 40 años de edad, y al cirujano Pablo Lucarelli, de 35, cuyos abogados defensores podrán oponerse a esta disposición ante el Juzgado de Control de los Tribunales locales.
En tanto, todo parece indicar que el también anestesista Luis Enrique Asensio, de 62 años, sería sobreseído por el fiscal Martínez, quien hoy solicitaría formalmente su desprocesamiento a través de un escrito dirigido al juez de Control que corresponda (dicha dependencia está acéfala, por lo que intervienen diferentes magistrados) para que resuelva en consecuencia.

Una vieja causa

La víctima del hecho que se procura esclarecer fue el pequeño Carlos Manuel Chávez, de 3 años de edad, quien falleció el 10 de febrero de 2004 en la Clínica Marañón, casi cuatro meses después de haber sido operado de una hernia inguinal por el médico Hugo José Gagliesi, de 69, quien inicialmente fue imputado por la Justicia junto a sus tres colegas, pero a principios de marzo pasado fue sobreseído por el juez Marcelo José Salomón, a requerimiento del fiscal que terminó de instruir la causa.
Tras sufrir una serie de complicaciones, Carlos Manuel fue nuevamente intervenido quirúrgicamente cuatro días antes de morir, y tres semanas después sus jóvenes padres, Manuel Alejandro Chávez y Magalí Valeria Bulike, quienes se domiciliaban en la zona rural de Los Zorros, radicaron la denuncia penal en la misma Fiscalía, por entonces a cargo del ahora fiscal de Cámara, Francisco Javier Márquez.

Idas y vueltas

Fue precisamente Márquez quien imputó a los cuatro profesionales villamarienses, pero a fines de marzo de 2005, cuando el funcionario pasó a desempeñarse en la Cámara del Crimen, la causa “durmió” un mes y medio, hasta que a mediados de mayo de ese mismo año asumió la abogada bellvillense Liliana Mónica Copello, como fiscal de Instrucción.
No obstante, la investigación no avanzó demasiado durante la gestión de dicha funcionaria, ya que a la conocida lentitud procesal de la Justicia, sumada a las dilaciones provocadas por los defensores de los imputados, el expediente quedó virtualmente paralizado.
El polémico caso se reactivó recién en los últimos días de diciembre de 2006, poco después que el fiscal Martínez se hiciera cargo del puesto que cuatro meses antes había dejado vacante Copello, tras ser designada para seguir su carrera judicial en la ciudad de Córdoba.

Abogados en pugna

Tanto Nardi como Asensio son defendidos por el abogado cordobés Felipe Rubén Trucco, mientras que el letrado villamariense y presidente de la bancada de concejales oficialistas, Carlos Rodolfo De Falco, patrocina a Lucarelli, hermano de la también legisladora local Daniela Lucarelli.
Cabe recordar que los padres del niño fallecido se constituyeron en la causa como querellantes particulares, representados por los también abogados locales Luis y Lisandro Caronni, padre e hijo.
El malogrado niño era único hijo de la joven pareja (actualmente Manuel y Magalí están separados y se domicilian en Arroyo Algodón y James Craik, respectivamente) y había nacido el 14 de febrero de 2001, por lo que murió cuatro días antes de cumplir 3 años.

La acción civil

Paralelamente al proceso penal, se inició en Tribunales una demanda civil en contra de los cuatro médicos y de la clínica donde se llevaron a cabo las dos intervenciones quirúrgicas, aunque también está citada en garantía la empresa “El Progreso + Astro, Compañía de Seguros SA”, una aseguradora de clínicas de la ciudad de Buenos Aires.
Hacia febrero de 2004, cuando se entabló la acción, los padres de la criatura reclamaron un resarcimiento económico de 760 mil pesos en concepto de daño moral y material, suma que en la actualidad supera ampliamente el millón de pesos, más las costas del proceso, si es que la Justicia hace lugar a todo lo demandado.

Qué dice la ley

El delito de “homicidio culposo” es legislado por el artículo 84 del Código Penal de la Nación, que en su primer párrafo establece que “será reprimido con prisión de seis meses a cinco años, e inhabilitación especial -en su caso- por cinco a 10 años, el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo, causare a otro la muerte”.