Dos casos de familias que quedaban a la deriva se reflejaron esta semana en la Secretaría de Desarrollo Social, aunque con distintas aristas.

El caso más grave, que puso en el tapete un costado casi siempre ignorado de la Ley de Violencia Familiar, se disparó cuando una señora denunció a su hija por ejercer violencia contra ella. La presunta victimaria niega maltrato y el hermano de ésta, también hijo de la denunciante, habría desmentido a su madre.

El escenario del caso es una vivienda ubicada en la calle Almirante Brown, entre Córdoba y Comercio, en el humilde barrio Medalla Milagrosa.

Por orden de la Justicia, A. (brindamos sólo la inicial del nombre para reservar la identidad de la acusada por lo controvertido del asunto) no se puede acercar a su progenitora (la denunciante). Esa restricción de contacto dictada comúnmente de manera inmediata al conocerse denuncias de violencia, tuvo repercusiones sociales de gravedad porque A. vivía detrás de la casa de su madre. “Como tengo que estar a cierta cantidad de metros de distancia, me tengo que ir de mi casa”, contó la joven de 28 años a EL DIARIO.

Así, un grupo de niños quedó en una situación de riesgo habitacional, más allá de que en las últimas horas se alcanzó un principio de solución. 

“Ahora mi hermano me trajo a vivir con él, al frente de la casa de mi mamá, hasta que encuentre algo. Hoy iré a sacar mis cosas porque mi madre se quería quedar con eso. Y conseguimos una casita para trasladarnos, para evitar problemas porque estando al frente es casi lo mismo”, reveló en alusión al conflicto con su progenitora.

A. es mamá de tres hijos y está a punto de dar a luz otro bebé. I., su pareja, es peón de albañil y es quien consigue los únicos ingresos del núcleo familiar. “No entiendo cómo pueden hacer una restricción cuando mi mamá vive al frente y nosotros en la casa de atrás. No comprendo cómo pueden dar esta orden. Si tengo que cumplir una distancia de tantos metros, me es imposible vivir donde estaba. No sé qué clase de Justicia tenemos hoy”, se quejó la joven.

Cuando este matutino le preguntó si los funcionarios judiciales habían escuchado su versión de los hechos, dijo que no. “Nunca vino ni una asistente social ni la jueza ni nadie. La jueza escuchó una sola campana en vez de investigar, analizar, venir a hablar con la gente que me conoce”, se lamentó.

En ese sentido, aseveró que “hay personas que me conocen hace años, están los vecinos del almacén que pueden decir qué clase de persona soy, pueden contactar a mis expatrones, que tras años sin trabajar para ellos, cada tanto me visitaban; parece que tan mala persona no soy”.

 

Cuestiones económicas

 

Por otro lado, en la víspera se produjo un desalojo en una casa de calle Mitre. 

Aparentemente, quien residía en la vivienda había dejado de pagar el alquiler porque el propietario le adeudaba dinero por un trabajo que el inquilino había efectuado.

Fuentes del Gobierno aseguraron que el lunes se iniciarán las gestiones para alquilarle una vivienda a la persona desalojada. La comuna colaborará “al menos durante el primer mes, en el que la mayoría de las inmobiliarias piden el importe de dos meses”. El vecino “se comprometerá a buscar garantía porque nosotros no damos”, dijo una fuente.

En el caso desatado a raíz de la denuncia por violencia familiar, desde Desarrollo Social aseguraron que colaboraron con la presunta victimaria por la situación de vulnerabilidad en la que quedaban los hijos y adelantaron que les proverán de dinero para la compra de los materiales necesarios para la construcción de un hogar.