Un fuerte allanamiento, encabezado por personal de distintas dependencias de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se llevó a cabo durante horas de la mañana de ayer en un cortadero de ladrillos, principalmente con el fin de intentar detectar explotación laboral y trabajo infantil.
El establecimiento en el cual se realizó el operativo, del cual la AFIP no dio a conocer los resultados, se encuentra ubicado fuera del ejido urbano villamariense, sobre ruta 9 (pasando la zona del Parque Industrial), y al lugar asistieron también oficiales de la delegación local de la Policía Federal Argentina (PFA), además de personal del Ministerio de Trabajo de la Nación, la Secretaría de Asistencia y Prevención de Trata de Personas del Gobierno de Córdoba y la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación.
Debido al hermetismo con el cual se manejó el tema desde la AFIP, sin informar los resultados del operativo, EL DIARIO consultó a Juan Inglese, delegado departamental de la Unión Obrera de Ladrilleros de la República Argentina (UOLRA), para tener más precisiones al respecto.
Al respecto, el dirigente gremial sostuvo que “hace aproximadamente un año, a través de este mismo medio, hicimos una denuncia pública luego de inspeccionar el lugar que ayer fue allanado por AFIP”.
“Cuando llegamos allí a realizar una inspección para controlar la situación laboral de los empleados, los trabajadores fueron escondidos y a partir de ese momento el propietario del campo donde funciona el cortadero, un señor de apellido Moro, nos prohibió la entrada al lugar”, recordó y opinó que “pensamos que la AFIP tomó la determinación de inspeccionar ayer ese establecimiento fijándose en la denuncia que yo realicé en este matutino en mayo de 2014”.
Por otra parte, a pesar de la negativa de Moro, Inglese aseguró que “de todos modos empezamos a visitarlo para intentar que se sumara al trabajo de visibilizar la actividad, pero nunca quiso atendernos”.
“Lo hemos invitado a participar del Foro de Ladrilleros, que se desarrolló en diciembre en la Universidad Nacional de Villa María, en el que participaron muchísimos trabajadores y dueños de cortaderos, pero éste señor no quiso asistir”, amplió.
Finalmente Inglese manifestó que “a pesar de que el establecimiento en cuestión no pertenece a nuestra delegación, porque se encuentra en el Departamento Unión, desde UOLRA del Departamento San Martín trabajamos constantemente para poder darle un marco legal a la gente que allí trabaja”.
“En eso nos ayudó mucho la Municipalidad de Villa María, ya sea en controles de salud y vacunación, planes sociales o viviendas, entre otros factores”, destacó.
Por su parte, desde el municipio villamariense, la secretaria de Desarrollo Social, Verónica Vivó, expresó que “hemos estado haciendo acompañamiento y contención a las familias involucradas en el allanamiento”.
“Las gente que reside en el lugar ha sido atendida por el municipio a través de diversas acciones, por ejemplo la confección de Documentos Nacionales de Identidad (DNI) o atenciones de salud en la Asistencia Pública”, informó.
FOTO 2: Una parte del procedimiento tuvo lugar en la casa de Moro, ubicada en barrio Las Playas
FOTO 3: Inglese, del gremio ladrillero, analizó los motivos del operativo
