“Acá la mayoría agarró sus cosas y se fue. A nadie le gustó lo que pasó ayer -por el lunes- y decidieron irse. Capaz que yo también me vaya”, dijo Teo, un ciudadano boliviano que hace unos 12 días está en ese cortadero, aunque desde unos años atrás vive en Argentina. 

Ayer, habían quedado pocos ladrilleros en el predio, aunque el movimiento de automóviles y de gente que llegaba y se iba fue constante al mediodía. 

Al hablar con los que quedaron en el predio ubicado a la vera de la ruta 9, en el campo de la familia Moro, todos coincidieron en cuestionar el procedimiento de la Policía y en ningún momento interpretaron que ese movimiento de la Justicia Federal y las áreas de protección contra la Trata de Personas fue para mejorar la calidad de vida de ellos y de sus familias.

Angélica, una de las encargadas de los hornos de ladrillos, cuestionó duramente el procedimiento. “Sin ningún papel, entraron a mi casa cuando yo no estaba. Mi cuñada, que es sordomuda se asustó muchísimo y me llevaron los cuadernos donde anoto toda la producción y un celular que ya estaba viejito, pero andaba”, dijo.

Félix, otro de los ciudadanos bolivianos consultados por EL DIARIO, lamentó los hechos. “No sé, parece que quisieran que nos vayamos de Argentina”, dijo. Bajo ningún concepto  coincide en que el procedimiento fue para proteger al trabajador explotado. “Esto es un trabajo libre, no somos esclavos. Más trabajás, más ganás”, aseguró.

Dijo que después del procedimiento policial “la gente quedó mal, sin ganas. Muchos, incluso yo, estamos pensando en volvernos a Bolivia, ganaremos menos, pero no nos van a tratar como si fuéramos ladrones”, dijo. “Parece que quisieran que nos fuéramos. No entiendo por qué, no le hacemos mal a nadie”, agregó.

“Los chicos después de ver gente con armas entrando a sus casas quedaron muy mal”, expresó.

 

Compleja organización

En el entramado de relaciones comerciales o laborales que se establece en torno a la producción ladrillera, aparecen varios actores: los dueños de las tierras, los “socios” en la producción y los cortadores.

A la hora de consultarle algunos números, informaron que el dueño de las tierras se lleva un 13% de todo lo producido. En ese caso, el propietario es un señor de apellido Moro.

Para producir, los que tienen algún poder adquisitivo para asumir el riesgo de la compra de insumos (leña, carbonilla y aserrín), se convierten en “encargados” o “socios”. Según expresó otro de los habitantes del lugar, Walter, hay aproximadamente 18 encargados que son responsables de otros tantos hornos ubicados en el campo de Moro.

Ellos contratan la mano de obra. Según lo que ellos informaron están abonando entre 260 y 300 pesos cada 1.000 ladrillos.

Algunos de los “socios” ya se presentaron ante la Justicia Federal para exponer su situación ante la AFIP y la responsabilidad frente a los trabajadores que contratan “por tanto” o porcentaje de lo producido.

 

Trabajo infantil

La concepción del trabajo infantil de las personas que hablaron con EL DIARIO difieren de las normas establecidas en Argentina.

Félix asegura que “aunque uno le diga a los chicos que no anden por los hornos, ellos ayudan. Y la verdad, es que uno quiere, en primer lugar, que estudien y, en segundo lugar, que aprendan a trabajar. Porque los chicos sin hacer nada terminan dedicados a cosas malas y nosotros tratamos de evitarlo”, dijo.

Asegura que el aprendizaje en oficios “no es explotación”, sino que es cultura del trabajo.

Félix vino de Bolivia hace unos cinco años. Estuvo un tiempo en Buenos Aires y luego llegó a Villa María. En su país natal terminó los estudios secundarios y había comenzado la carrera de Ingeniería Electrónica. “Pero la economía allá no es muy buena y uno busca sostener a la familia, por eso vinimos”, dijo.

Nunca pensó en traer su título secundario a la Argentina, pero ahora, tiene ganas de hacer una carrera así que “la próxima vez que vaya, lo traigo”, confió.

Entiende que la educación en este país es menos estricta que en Bolivia. “Allá hay más respeto por los mayores. La maestra es sagrada. Acá les cuesta más respetar a la maestra”, señaló.

Asegura que el rendimiento escolar de los niños que viven en la zona de los hornos es excelente, aunque las mismas condiciones económicas hacen que no todos puedan continuar más allá del Nivel Primario.

 

Trabajar y estudiar

Con esa cultura del esfuerzo, Walter se dedicó los primeros años de estadía en Argentina a juntar los primeros pesos para estar con más tiempo libre que le permita estudiar.

“Estoy haciendo el secundario en el CENMA que funciona en la Escuela San Martín. Puedo porque estoy solo y me da el tiempo”, dijo.

El lunes, después de la complicada jornada que vivieron, decidió ir igual a clases. “Le conté a la ‘seño’ y ella me dijo que la Justicia no puede actuar así. Que para entrar a una casa tienen que mostrar una orden, un papel firmado. Acá no nos mostraron nada. Voy a ver qué hago ahora, porque la misma  ‘seño’ nos dijo dónde hay que ir para defenderse. Yo quiero que esto no le pase más a nadie”, concluyó.