Tras el allanamiento realizado el lunes en el campo de la familia Moro por el supuesto delito de trata de personas con fines de explotación laboral, ciudadanos bolivianos salieron a desmentir esas acusaciones, además de cuestionar el procedimiento de la Policía Federal.

Ayer, en parte para reafirmar sus dichos y en parte para refutar las declaraciones de la fiscal María Virginia Miguel Carmona en nuestras páginas, volvieron a alzar su voz para negar categóricamente que los suyos sean de casos de explotación.

“Dijeron que había 70 personas explotadas aquí. Queremos que nos muestren quiénes son esas personas. Dicen que se los llevaron; queremos saber adónde los llevaron. También dijeron que los chicos no van a la escuela, quiero que me demuestren qué niño no va a la escuela porque todos los chicos de acá van a la escuela de Monte los Lazos”, dijo Wily Javier, el primero en tomar la palabra.

“El día que vinieron, la Policía entró a punta de arma; a mi hija la traumaron y ayer (por el martes) se descompuso en la escuela”, aseguró.

Cabe recordar que el allanamiento fue encabezado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) acompañada por la fiscal Carmona, la Policía Federal, personal del Ministerio de Trabajo de la Nación, la Secretaría de Asistencia y Prevención de Trata de Personas del Gobierno de Córdoba y la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación.

“Acá nadie vive esclavizado ni en condiciones infrahumanas; nadie nos obliga a trabajar, lo hacemos libremente. Quiero que me demuestren quién ha sido explotado. Venimos de Bolivia por voluntad propia, nadie nos trae engañados”, reiteró Javier. “Estamos muy dolidos porque se llevaron detenido a Carlos Moro y no conocemos a (el delegado departamental de la Unión Obrera de Ladrilleros de la República Argentina, Juan) Inglese, acá nunca lo hemos visto. Nosotros trabajamos por nuestra cuenta, entre familias, para poder sacar a nuestros hijos adelante; no tenemos nada que ver con el sindicato”, remarcó.

“Y el chico que ayuda en el cortadero lo hace porque quiere, porque aprende, pero no se lo obliga, no hay explotación infantil”, afirmó, tras lo cual aclaró que sus hijos son abanderados y escolta en sus respectivos colegios.

 

Algo propio

 

“Con mucho dolor, los extranjeros nos sentimos muy humillados y discriminados en la Argentina. En Bolivia tuvimos gobiernos corruptos y no teníamos adónde ir a trabajar, entramos a este país por la necesidad, para poder tener algo en la vida, dejando a nuestras familias allá, y hemos pasado por muchas cosas. Entonces, pensamos en empezar algo propio, con nuestro esfuerzo y de a poquito nos compramos los materiales para trabajar, entre nosotros nos ayudamos. Aquí no hay patrones que traigan gente de otro lado, que esclavicen y no paguen. Si nos ayudamos unos a otros, ¿cómo nos vamos a esclavizar?”, se preguntó Julián Aysa.

“Nosotros tenemos otra cultura y parece que con esto nos estuvieran echando. Pero si tenemos que irnos del país, nos vamos a ir con la frente bien alta porque no le robamos a nadie ni somos traficantes de nada; vivimos de nuestro trabajo”, dijo.

“El dueño de la tierra nos dio una oportunidad para que pudiéramos trabajar, cuando no teníamos adónde ir. Hace seis o siete años que estoy acá, nadie me trajo”, añadió Aysa y refiriéndose a las viviendas precarias en las que viven, explicó que se debe a que a veces están por poco tiempo en un campo y cuando se termina el contrato deben irse, dejándolas allí.

 

Sin corte de ruta

 

Aunque inicialmente los ladrilleros pensaron en cortar la ruta 9 para protestar y pedir por la liberación de los tres detenidos, más tarde desistieron de su intención y sólo manifestaron su descontento con la situación dialogando con los medios presentes.  

“Lo que le hacen al dueño del campo está muy mal, es una acusación inapropiada porque, supuestamente, está esclavizando a todos los bolivianos que están acá y eso es mentira. Todos aquí somos libres de trabajar el tiempo que queramos, de quedarnos o irnos. Nadie está obligado, el dueño del campo no tiene nada que ver con nuestra estadía acá”, expresó por su parte Marilin Vilca.

“A mi papá quieren detenerlo porque dijeron que tiene casa por explotar a la gente. Cuando éramos chicos, la jueza nos envió al Patronato de la Infancia porque mi papá no tenía casa para que viviéramos y le exigieron que la hiciera así podíamos volver a vivir con él. ¡Y ahora vienen a decir que es por explotar gente!”, dijo Gladys Condorí en su intervención. Luego aclaró que ella y sus hermanos cursan estudios terciarios y universitarios.

Condorí además se quejó de que en el allanamiento “se llevaron hasta las moneditas”.

Por su parte Graciela Pigliacampi, esposa de Carlos Moro, explicó que en el campo propiedad de la familia hay 16 parcelas en alquiler, cada una con su contrato correspondiente, en donde viven 16 familias y funcionan 16 cortaderos. 

“Lo único que hemos hecho con esta gente es darle un lugar donde pueda trabajar”, aseguró.

 

Opinión: Un detalle