La secretaria contra la trata de la provincia de Córdoba, Patricia Messio, señaló a EL DIARIO que ya giró a la Fiscalía Federal de Villa María las conclusiones de su equipo técnico sobre lo relevado en los cortaderos de ladrillos que fueron allanados el lunes pasado y sostuvo que los trabajadores vivían en condiciones “infrahumanas, indignas” y con absoluta precariedad laboral.

Admitió que el abordaje de las víctimas tras el operativo “es la etapa más difícil” y dijo, ante preguntas, que no se puede justificar las condiciones de higiene y seguridad que presentaban en base a costumbres culturales.

-Luego del operativo, personas del cortadero aseguraron que trabajan en libertad y que no son esclavos. ¿Qué apreciaciones tiene sobre esta postura?

-Uno de los grandes problemas de este tipo de situaciones es que lo naturalizan, consideran que son condiciones que pueden ser mantenidas. Aquí no había contrato formal de trabajo, la prestación no era conforme a la legislación, en cuanto a higiene y seguridad no hay palabras, ni hablar de regulación de los horarios de trabajo, días, forma, plazo y lugar de pago. El predio es absolutamente inhóspito. Es decir, había un verdadero ejercicio de engaño y explotación. Ellos (por las víctimas) a su vez estaban absolutamente confundidos. El gran miedo que tienen es la pérdida de lo que consideran que es la fuente laboral. Visualicé las condiciones de vida y es algo infrahumano, indigno totalmente. 

-¿Ustedes dialogaron con las personas?

-Fue un trabajo interinstitucional muy intenso, que veníamos analizando cómo se iba a dar. Pedimos tener el primer abordaje para luego dejar un campo propicio de trabajo a los otros organismos y que la gente estuviera tranquila. Nosotros fuimos a protegerlos, no éramos sus enemigos, pero suele ocurrir que al naturalizar estas situaciones inicien una defensa de lo que ellos creen que es su fuente laboral.

-¿Qué se ha decidido respecto al destino de quienes eran explotados?

-Fue un asunto que se dialogó con todos los organismos. Propusimos traer la gente a Córdoba y armar la logística para que sea contenida y asistida, pero se produjo el compromiso de la Municipalidad de Villa María y del Ministerio de Trabajo de empezar a gestionar para darles las condiciones dignas de vivienda y que pudieran construir lo suyo. He estado en diálogo permanente con la fiscal (Virginia Carmona) porque es preocupante cómo sigue la historia. Es muy difícil, son procesos muy delicados porque uno tiene que tratar de proteger los derechos fundamentales sin que esta gente sienta temor y que pueda comprender que se la quiere ayudar.

-¿Notó evidencias de trata?

-Nosotros iniciamos el abordaje de 64 adultos, es decir, se hizo entrevistas a mayores de edad en el marco del allanamiento. En la mayoría de los casos se pudo identificar indicadores de trata laboral. 

-¿No se abordó a los niños y niñas?

-No, y además estaban en el colegio, tal es así que veíamos a las criaturas volver de la escuela caminando. Por otro lado, había una especie de aleccionamiento a todos y se observó que los encargados formalizaron una relación de superioridad. Las condiciones de vida realmente son espantosas: sin agua, sin baño, sin contar con nada para poder ducharse, sin desagües de ningún tipo, sin ninguna forma de higiene. Muy malas, malísimas, pero muchas veces no se ven como víctimas. 

-¿Puede darse una decisión de vivir de esta manera por una cuestión cultural?

-Si hay un debate que nos estamos debiendo todos los poderes es qué vamos a entender por dignidad. Y qué vamos a entender por consentimiento, si no, las palabras quedan vacías. Necesitamos aunar criterios, acá hay un tema de derechos fundamentales tremendamente vulnerados, entonces tenemos que acordar. Las pautas socioculturales por supuesto deben ser respetadas (porque cada sociedad es hombre, sociedad, cultura y derecho), pero hay ciertas constantes que no pueden ser relativizadas, independientemente del lugar donde se viva. Una de las formas de captación es esa vulnerabilidad propia en donde se encontraba la mayoría, de la que se vale el empleador para aprovecharse en el escenario. Si vamos a considerar esto como digno, en lo personal estamos nivelando para abajo. Por favor, tenemos que aunar criterios, lo hemos tratado en la comisión provincial y tiene que ser un tema a debatir. 

Este es un delito trasnacional. Soy respetuosa de las pautas socioculturales, el derecho es como una esponja que absorbe la realidad sociocultural, pero el derecho a la salud y la dignidad son fundamentales independientemente de cualquier ámbito temporal y espacial. Hay muchas modalidades culturales que tienen que ver con cosas que no afectan a derechos, pero el hecho de no tener posibilidades higiénicas hace a la salud del ser humano, de los niños. No son lujos, son derechos fundamentales.

-¿Puede ser este un caso de explotación laboral sin trata o estamos claramente ante hechos de trata con fines de explotación laboral?

-Lo va a terminar definiendo la Justicia Federal. Nosotros hemos elevado entre jueves y viernes un informe general y particularizado de cada abordaje, que los hemos concretado con abogado, psicólogo y trabajador social para tener un informe lo más profundo posible. Y damos nuestra opinión, que no es vinculante, pero creo que es muy importante porque está hecha por un equipo preparado en la problemática. En cuanto a la figura delictiva la determinará el Poder Judicial.

-¿Se sabe cuántas horas trabajaban por día y con qué remuneración?

-No, observamos justamente que no había horario, ni siquiera a veces sabían bien cuánto ganaban, decían entre 250 y 280 pesos por cada mil ladrillos, pero no gozaban de horario, todo era irregular.

-¿Qué destino tenía su remuneración?

- Muchos pagaban el alquiler en el mismo predio en que pernoctaban. Los días, formas, plazo y lugar de pago no están nada claros.