A diferencia de las épocas donde las órdenes de pago destinadas al Ente de Deportes y Turismo recibían siempre algún tipo de observación por parte de los tribunos referentes de la oposición, un millonario subsidio parece marcar un punto de inflexión hacia adentro del Tribunal de Cuentas.
Es que días atrás, la solicitud de autorización de 1.350.000 pesos en concepto de transferencias decretadas por el Ejecutivo y orientadas hacia el espacio que lidera Marcos Bovo consiguió superar sin inconvenientes un espacio que manifestaba su negativa a los movimientos de fondos públicos.
“Considero de importancia dejar constancia de que solicité por escrito a la señora Andrea Alejandra Mussa, 2º vocal de este Tribunal, mi deseo de conocer su posición frente al presente tema, sin haber recibido al presente ninguna respuesta”, remarcó José Naselli, dejando entrever que ya no tiene apoyo pleno para sus planteos y objeciones.
En definitiva, y sin la apreciación concreta de Mussa, se produjo un empate en la votación, obteniendo ventajas la posición oficialista, ya que el voto del presidente Julio Oyola vale doble.
“Se entregan sumas millonarias sin que se pueda saber la contingencia determinada, precisa, específica de la aplicación concreta del gasto. El simple transcurso del tiempo le dio palmaria razón al suscrito y al doctor Maristany (que me acompañó en el voto), ya que el señor intendente entregó al Ente presidido por Bovo (incluyendo el presente mandamiento) nada más y nada menos que 20.656.000 pesos sin que ningún miembro del Tribunal de Cuentas (y mucho menos algún ciudadano común) pueda saber de qué manera se administró y gastó ese dineral”, expresó el referente del Partido Villamariense en el Tribunal.
“Repugna a mi condición de tribuno (y simple ciudadano), revalidar, cohonestar este indigno y obsceno ejercicio de sustraer mes a mes el dinero de los vecinos al control institucional del Tribunal de Cuentas”, remarcó furibundo el vocal en la resolución a la que tuvo acceso este matutino.
Por su parte, y de manera sintética, Oyola consideró que “el pago en cuestión tiene motivación y legalidad suficiente para merecer la aprobación”.
