La fiscal Federal de Villa María, Virginia Miguel Carmona, imputó a los cuatro detenidos por “trata de personas con fines de explotación laboral agravada por la pluralidad de víctimas”. Lo hizo el lunes último, cuando se presentaron a declarar los hermanos Carlos y Eduardo Moro, propietarios del predio donde funcionan los cortaderos de ladrillos y los dos ciudadanos bolivianos que no vivían en el lugar, pero que hacían las veces de intermediarios vendiendo lo producido por el trabajo a destajo de quienes sí convivían en los hornos. De ellos sólo trascendió el nombre de Agustín Chiclana, quien fue detenido el lunes 20 de abril, durante los allanamientos que se realizaron de manera simultánea en seis propiedades. El otro ciudadano boliviano, que no estaba en su casa el día de los allanamientos, se presentó a posterioridad y también quedó detenido.
Según confirmaron en la Policía Federal, los presos fueron trasladados al penal del barrio Belgrano.
Cabe señalar que tras la citación a indagatoria, todos los detenidos se abstuvieron de declarar.
El procedimiento contra la trata de personas se realizó, como dijimos, el lunes 20 de abril y fue el corolario de una investigación que se inició en diciembre de 2014, a partir de una nota que EL DIARIO publicó sobre un intento de realizar una inspección laboral, que fue evitado por los propietarios del predio ubicado en las márgenes de la ruta 9, en el acceso sur de Villa María, fuera del ejido urbano.
En los allanamientos, participaron efectivos de la Policía Federal, personal de la Dirección de Trata de Personas de la Provincia con la titular, Patricia Messio al frente del trabajo de campo, personal de AFIP y del Ministerio de Trabajo, entre otras dependencias.
“Las víctimas, en su mayoría de nacionalidad argentina y boliviana en situación de vulnerabilidad, contaban con viviendas del tipo rancho detrás de cada cortadero donde vivían junto a sus familias. No tenían baños, el piso era de tierra, los techos eran de chapa, oxidados, sin aberturas y sostenidos con neumáticos, las paredes no tenían ningún tipo de revoque y apenas había algunas ventanas (las pocas que había permitían que se filtrara el frío y el agua en caso de lluvias). Asimismo, no contaban con agua potable (se abastecían con el de un pozo) y la instalación de luz eléctrica era inapropiada, con cables en el piso que ponían en riesgo la seguridad”, describieron en el sitio fiscales.gob .
“Las personas explotadas de nacionalidad extranjera carecían de documentación migratoria, eran sometidas a largas jornadas laborales de lunes a lunes, sin francos, feriados ni vacaciones ni medidas de seguridad e higiene. Los menores de edad habrían sido los encargados de acomodar los ladrillos en hileras”, agregan.
Finalmente, cabe destacar un dato que proporcionó la fiscal a distintos medios fue la diferencia de montos de dinero encontrado: mientras que en las viviendas de los detenidos secuestraron 60 mil pesos; en los cortaderos hallaron 59 pesos.
Ayer, la fiscal estaba analizando la información generada tras los allanamientos para determinar cómo continúa la causa.
CRONOLOGIA
Mayo 2014: LA UOLRA, Sindicato de Ladrilleros, denunció que los propietarios de las tierras donde funciona el cortadero les impidieron realizar la inspección laboral.
20 de abril de 2015: Bajo el mando de la fiscal federal, se realizaron seis allanamientos: uno en el predio del cortadero y los restantes en los domicilios de los dueños e intermediarios. Detectaron 70 personas explotadas.
22 de abril de 2015: Ciudadanos bolivianos cuestionaron el procedimiento federal, indicando que ellos no eran victimas, sino trabajadores. La fiscal aclaró que en casi todos los casos de explotación. Las victimas hablan a favor de sus explotadores.
27 de abril de 2015: Son citados los detenidos. Se abstienen de declarar y son trasladados a la cárcel de barrio Belgrano.
¿Choque de culturas o explotación?
Cada comunidad tiene derecho a formas de vida propias y desde la mirada “occidental y cristiana”, no podemos erigirnos como jueces de la cultura del otro. Es decir, si los ciudadanos bolivianos habitan casas precarias porque lo deciden y no ponen en riesgo a sus hijos, pueden hacerlo. Si resisten el trabajo a destajo por beneficio propio, también pueden hacerlo. Lo que no se puede -y es lo que investiga la Justicia- es que otros ciudadanos, de cualquier nacionalidad, se aprovechen de esa contracción al trabajo. Y si no, que alguien explique por qué, sin estar de sol a sol haciendo ladrillos, reunieron 60 mil pesos cuando los obreros del cortadero, entre todos, llegaban apenas a 59 pesos. ¿Eso no es diferencia cultural?
Patricia Gatti
