Durante un acto presidido por el gobernador José Manuel de la Sota, se presentó oficialmente ayer la Fuerza Policial Antinarcotráfico (PFA), el nuevo organismo creado por la Ley 10.200 sancionada por la Legislatura en 2014.
Los uniformados estarán bajo las órdenes del Ministerio Público Fiscal y tendrán a su cargo la prevención y el combate del narcotráfico en la provincia de Córdoba.
Esta flamante estructura policial está dentro de la órbita del Poder Judicial, un hecho novedoso en Argentina ya que hasta el momento los organismos encargados de la represión del narcotráfico dependieron de los poderes ejecutivos.
Creada el año pasado, la FPA depende funcionalmente del fiscal general de la provincia y ejerce su actuación como auxiliar y colaborador del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, para lo que cuenta con un predio de 20 hectáreas en el Parque Sarmiento.
Tras su designación al frente de la nueva fuerza, el abogado Martín Berger resaltó como principal objetivo atacar al denominado “narcomenudeo” junto a los fiscales de Instrucción de la provincia.
La FPA está constituida por 220 efectivos (40 de los cuales son mujeres) y, según se informó en la víspera, no hay ningún integrante de Drogas Peligrosas, la división de la Policía provincial que fue disuelta tras el llamado “narcoescándalo”.
“La idea por el momento es distribuir la mitad de la fuerza en Córdoba capital y el resto en las diferentes circunscripciones”, especificó Berger y agregó que evaluarán si es o no necesario incorporar más personal.
El jefe de la FPA aseguró que mantendrá una comunicación fluida con representantes de las diferentes fuerzas políticas al igual que con las instituciones y organizaciones sociales que trabajen sobre la problemática.
Entre las novedades que se anunciaron en este acto se encuentra la implementación de un 0-800 que se dará a conocer para receptar denuncias de vecinos.
“Políticas criminales”: Fresneda, duro con De la Sota
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, sostuvo ayer que “son políticas criminales y violentas” las que aplica el gobernador José Manuel de la Sota en materia de seguridad, al repudiar los megaoperativos policiales que realizó durante el fin de semana en barrios de la capital provincial con centenares de “detenciones ilegales”.
“Estas políticas criminales que el Gobierno provincial llama políticas de seguridad son insensatas, irracionales y desproporcionadas, que de ninguna manera se justifican ante episodios que pueden aparecer como delictivos”, manifestó Fresneda al rechazar esos allanamientos.
Fresneda cuestionó el criterio del gobernador por promover “políticas que no tienen diálogo con la realidad delictiva, más bien dialogan con una perspectiva ideológica de control de la pobreza, perseguir a los humildes, la estigmatización por vivir en barrios carenciados”.
El funcionario también dijo que “estas acciones no me sorprenden, son prácticas irregulares y habituales en Córdoba. Allanan viviendas, se llevan objetos y luego dicen que están atacando la inseguridad, pero en realidad la inseguridad está en los ámbitos donde no se busca”.
Por otra parte, consideró que “sería saludable que la ciudadanía conozca si estos procedimientos se realizaron en el marco de una causa judicial, si hubo órdenes de jueces y fiscales, caso contrario serían ilegales”, advirtió.
