Para 2030, la Argentina tendrá siete millones de habitantes más. Del total proyectado, 500 mil vivirán en la provincia de Córdoba y 35 mil en Villa María.

Este crecimiento poblacional se constituye como un desafío clave al momento de pensar y diseñar un plan de ordenamiento urbano integral que contemple las posibilidades de expansión para albergar habitacionalmente a una mayor cantidad de personas, sin entrar en conflicto con el espacio rural y los ecosistemas naturales.

Atento a esta premisa y con la intención de iniciar un trabajo sostenido con los múltiples actores sociales del sector público y privado de la ciudad, desde el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Básicas y Aplicadas (Iapcbya) de la Universidad Nacional Villa María (UNVM) se realizó recientemente un taller de ordenamiento urbano.

Bajo el título “Expansión urbana en el medio rural - Visión 2030”, docentes, estudiantes de distintas carreras y especialistas compartieron en el Campus un espacio común de formación, debate y reflexión, con el objetivo de introducir a la comunidad universitaria en la problemática de expansión del territorio urbano sin planificación previa y promover la búsqueda de soluciones a través del ordenamiento territorial.

Las disertaciones estuvieron a cargo de los doctores Jorge de Prada, José Cisneros y Américo Degioanni, quienes hace cuatro años trabajan en un proyecto de investigación y desarrollo sobre la expansión urbana en tierras rurales.

Este trabajo es cofinanciado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (Mincyt), y el Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Según manifestaron los profesionales de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), la intención es instalar esta temática en la agenda política y social de los municipios. 

“Partimos de un abordaje diseñado para Río Cuarto, pero que tiene aplicabilidad en cualquier localidad de la provincia de Córdoba que deba hacer frente a estos conflictos que se generan cuando la ciudad se expande hacia el ámbito rural, teniendo en cuenta todas sus implicancias ambientales, sociales y económicas”, afirmaron.

 

Perspectivas con sentido común

 

El doctor Jorge de Prada, especialista en Economía Agraria y Recursos, señaló que esta perspectiva de desarrollo “tiene mucho de sentido común y también necesita de un pensamiento colectivo, consensuado”.

-¿Por qué hablar de ordenamiento territorial y proyectarlo hacia 2030?

-Ordenar el territorio implica “acomodar” las cosas en el espacio que disponemos. Para pensar la mirada hacia 2030, debemos pensar cuántos habitantes habrá y preguntarnos dónde se localizarán para mejorar las posibilidades de desarrollo de la economía, mejorar las condiciones del medio rural y reducir los conflictos de urbanizar esas áreas. Está claro que se necesita espacio físico, al que habrá que tomarlo del espacio rural que se utiliza para sembrar o de espacios naturales.

Sin dudas, pensarlo anticipadamente lleva implícito el compromiso hacia el futuro, es una orientación muy fuerte que otorga identidad a una comunidad, simplificando y facilitando la toma de decisiones.

-¿Qué desafíos plantea la expansión urbana para las ciudades del interior cordobés? 

-En las ciudades como Río Cuarto o Villa María se estima un crecimiento de entre 25 y 80 mil habitantes para los próximos 15 años. El desafío, entonces, será encontrar alternativas para crear espacio y mantener las condiciones de vida de una población que debería escoger asentarse en localidades medianas o intermedias como las nuestras para evitar la concentración y aglomeración en los grandes centros urbanos.

Un tema que no puede quedar fuera del debate es hacia dónde expandir la ciudad.  Villa María está rodeada de áreas que, en términos relativos, pueden competir para albergar esa población y ahí es donde se avizoran dos modelos distintos: el disperso, que privilegia el negocio privado de corto plazo y se ubica a la población donde se valorizan más los terrenos, generalmente alejados de los centros urbanos; y otro, vinculado al poblamiento compacto, que puede ser organizado colectivamente, donde se ponen limitaciones al mercado inmobiliario, se reduce el desarrollo de grandes estructuras y se logra la expansión dentro de los límites de la ciudad.

Otro eje fundamental a tener en cuenta es si esta tierra tiene mayor aptitud para albergar a la población, para ser sembrada o para mejorar el medio ambiente. 

Existen diferentes dimensiones: la dimensión social, que es poblamiento; la dimensión económica, relacionada al costo de los servicios y la tierra, y la dimensión ambiental, para ver adónde impacta menos y se puede mantener el ciclo biológico.

 La parte político-institucional tiene que ir hacia algo distinto y es lo que proponemos nosotros como primera experiencia, que permite a cada actor involucrado observar cuál es la mejor forma de expandir la ciudad.

 

Lo de largo plazo debe comenzar hoy

 

-Frente a un panorama multidimensional, ¿cómo trabajan los distintos actores del sector público y privado para impulsar, concientizar y definir proyectos de ordenamiento territorial?

-A muchas cosas de largo plazo hay que hacerlas hoy. Cuando uno piensa el ecosistema, piensa adónde va a ir la población, planifica zonas de amortiguación, zonas que son compatibles con el uso que le damos, aislando y sirviendo al uso específico que queremos. 

Por eso, el punto de partida es sensibilizar a la población e involucrar a las instituciones. Después será el Estado quien determine los niveles de participación de diferentes sectores sociales.

Si uno quiere sesgar el orden del territorio, indefectiblemente tienen que participar todos los sectores. Mientras más involucramiento haya, más chances existen de lograr un esquema de desarrollo ordenado.

-¿Cuáles son las consecuencias de un crecimiento “desordenado”?

-El crecimiento desordenado representa un gran problema porque si en lugar de proyectar una ciudad compacta o “ecociudad”, tenemos barrios aislados en el medio rural, aumentan todos los conflictos urbanos-rurales.

Nadie quiere tener una máquina agrícola aplicando agroquímicos a la par de su casa; entonces, si la ciudad es más compacta, reduce los conflictos con la parte rural.

Si tomamos en cuenta la perspectiva ambiental, el crecimiento disperso de la población, será mucho más costoso y contaminante, no sólo por la cantidad de territorio que abarca, sino también porque al tener que disponer de movilidad para llegar al trabajo, al centro o la escuela, aumenta la emisión de gases al ambiente.

Si lo observamos desde la óptica económica, habrá zonas a las que demorarán en llegar los servicios públicos esenciales y otras que quedarán fuera del área de cobertura, ya que requieren de inversiones millonarias que, generalmente, no reditúan en ganancias. 

Si se piensa anticipadamente, se buscarán lugares donde los costos de inversión sean menores.