Mientras se van desarrollando foros por provincia y por región, en todo el país, con participación de líderes del cooperativismo y del mutualismo argentinos, se cumplió en la Sala “Eva Perón” del Senado de la Nación, el encuentro de la Red de Parlamentarios que entiende en la búsqueda de una ley común para toda la economía solidaria del país.
Entre los asistentes estuvieron el vicepresidente primero del Instituto de Promoción de la Economía Solidaria, Miguel Olaviaga; Orlando Barquín, prosecretario de esa organización; Nahum Mirad, secretario y, a la vez, directivo de la Usina de Medios y Edgardo Form, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y directivo de Cooperar, que nuclea a la mayor cantidad de cooperativas del país.
Parlamento en acción
El tema en tratamiento se vincula con las consultas que más temprano que tarde desembocarán en una acción parlamentaria que unifique la normativa relacionada con las entidades de la economía solidaria, para superar la etapa de las dos leyes (la 20.221 de mutualismo y la 20.337 de cooperativismo). “Aspiramos, quienes participamos de esta actividad, que no sea de ninguna manera tratada y considerada solamente como un apéndice de la economía rentística, la economía de mercado, sino que hay una configuración que hoy, con un 10% del Producto Bruto Interno, del país, requiere necesariamente de una generación y ponderación diferentes”. Así se expresó el presidente de GESTA y vicepresidente primero del IPES, Miguel Olaviaga, al hacer uso de la palabra entre los primeros.
Hubo coincidencias notables en que la profusión de foros provinciales y regionales, para ir en consulta con los protagonistas de ambos movimientos, allí mismo donde trabajan todos los días, con el apoyo explícito de las universidades nacionales como un ámbito propicio para el debate de los temas relacionados con este asunto, le otorga al trabajo un sentido no dramático, para darle profundidad en lugar de urgencia.
“Estamos convencidos de que es legítimo que el trabajador se reivindique como sindicalista, porque allí está la expresión de sus derechos colectivos; también decimos que los ciudadanos tienen que reivindicar la política como un instrumento de cambio de la sociedad y decimos, también, que los consumidores, tenemos que reivindicar la economía social, que ahora se proyecta a un campo de reparación de las inequidades que suele presentar el sistema económico global”, insistió Olaviaga.
Preocupa al movimiento solidario, simultáneamente, avanzar en la búsqueda de tratamiento específico en materia tributaria, porque “hay superposición en los gravámenes”, señala Olaviaga.
Debe procurarse la búsqueda de un fuero específico para el tratamiento de los problemas de la economía social, teniendo en cuenta el desconocimiento que existe en el tratamiento de los temas litigiosos. “Como existe un fuero laboral, también debe existir un fuero específico para el tratamiento de estos actores de la economía”, subraya Olaviaga.
“Lo nuestro no es una reivindicación sectorial, solamente; planteamos la cuestión como un requerimiento que se asocia mucho más con el llamado constitucionalismo social”, concluyó, entre otras consideraciones el vicepresidente primero del IPES.
