La Justicia Federal de Villa María liberó ayer a los cuatro imputados en la causa en la que se investiga presunta trata de personas con pluralidad de víctimas y en el marco de la cual se habían allanado hornos de ladrillos el lunes 20 de abril pasado.

La fiscal María Virginia Miguel Carmona confirmó a EL DIARIO la novedad. “Me corrieron vista sobre dos excarcelaciones y estimé que eran procedentes, porque las personas no tienen antecedentes penales”, explicó la funcionaria.

Añadió que los acusados presentan “algunos problemas” en ese contexto de privación de la libertad. “Uno de ellos tiene hijos policías”, contextualizó para justificar el visto bueno a la salida de prisión.

Además, Carmona consideró que durante el proceso penal los acusados de delitos no deben estar detenidos “salvo que exista riesgo de fuga”, y para la funcionaria en este caso no se aventura ese peligro. “Rige el principio de inocencia hasta que haya condena”, recalcó.

Por otro lado, el juez Ramón Rebak liberó de oficio a los otros dos sospechosos.

En todos los casos, según especificó una alta fuente judicial, se fijó una fianza muy alta, de 100 mil pesos cada uno.

En este contexto la fiscal solicitó la restricción de acercamiento de los encartados con las presuntas víctimas. 

 

Cómo sigue la causa

Consultada sobre cómo continúa ahora la instrucción judicial del caso, Carmona explicó que se están receptando diversos testimonios y que ya fueron incorporados al expediente los informes efectuados por la Secretaría contra la Trata de la provincia de Córdoba, a cargo de Patricia Messio.

“Sólo falta concretar unas pocas medidas y pediré el procesamiento. La idea es que la causa vaya rápido a juicio”, anticipó.

 

Los imputados

Más allá de la libertad, las cuatro personas hacia las que apunta la Justicia continúan imputadas. Se trata de los hermanos Carlos y Eduardo Moro, propietarios de los campos en donde se emplazan los hornos de ladrillos, y de dos ciudadanos bolivianos que, se presume, hacían de intermediarios entre los compradores de ladrillos y las supuestas víctimas.

La fiscal les endilga el delito de “trata de personas con fines de explotación laboral, agravada por la pluralidad de víctimas”.

El caso saltó a la luz pública el lunes 20 de abril cuando la Justicia Federal, junto a inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y personal de numerosas dependencias del Estado irrumpieron en unos hornos de ladrillos ubicados en las afueras de la ciudad.

Tras diversos allanamientos, la fiscal y la secretaria contra la Trata de la provincia, Patricia Messio, revelaron que las presuntas víctimas vivían en condiciones muy precarias, poniendo en riesgo su salud e integridad física y que recibían una magra remuneración por su labor.