La fiscal Silvia Maldonado se inhibió de investigar el caso de Bautista Ayala, el pequeño herido en el show de fuegos artificiales que realizó la Municipalidad de Villa María el 30 de diciembre pasado, por haber sido recusada por miembros de la Asamblea contra la  Corrupción y la Impunidad.

El dato se desprende de un pronunciamiento emitido por la titular de la Fiscalía del Primer Turno el 21 de abril pasado y al que ahora tuvo acceso EL DIARIO.

Los vecinos Ricardo Leoncio Albaro, Miguel Andreis, Manuel Ramón Arriaga, Marcelo Barotto, Emilio Fonseca, Norma Giménez, Elvio Omar Ruiz Canalis, Norma Sammartino, Víctor Hugo Scocozza, Alejandro Alberto Schmidt y Angel Manuel Sosa, integrantes de la citada Asamblea, recusaron a la funcionaria por entender que “teniendo en su poder varias denuncias penales formuladas hace varios años en contra de la administración municipal de Villa María, no habría procedido a su investigación, lo que la encuentra en situación de poder ser denunciada al Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba, denotando su conducta una franca parcialidad a favor de los funcionarios municipales denunciados”. Esto violentó moralmente a la fiscal, según lo que ella misma expresa en un escrito.

En ese sentido, Maldonado recordó que fue designada fiscal hace poco más de un año, precisamente el 16 de diciembre de 2013, “por lo que resulta mendaz que haya tenido durante varios años denuncias en contra de la administración municipal sin ser tramitadas, sin perjuicio de las que ya pudieran encontrarse en trámite en la Fiscalía ahora a mi cargo”. La fiscal evaluó que “las consideraciones maliciosas efectuadas hacia mi persona influyeron en mi ánimo” por lo que entendió que corresponde su apartamiento “a fin de asegurar el principio de garantía de imparcialidad inherente a la función judicial y evitar circunstancia alguna que pueda afectar mi desempeño, toda vez que la sospecha de parcialidad invocada por los denunciantes antes del tratamiento de la cuestión generarán al menos una sospecha respecto a la solución que tome del caso, en el sentido que fuera”. 

La investigación judicial se abrió el 11 de febrero pasado año por la denuncia de los padres del nene en la Fiscalía a cargo de Gustavo Atienza. El 13 de abril comparecieron los integrantes de la Asamblea esgrimiendo que como ni la autoridad policial, ni judicial procedieron a investigar el caso de oficio, denunciaban y recusaban a los tres fiscales por diferentes motivos. Por esto, se inhibió Atienza, luego Daniel Del Vö y finalmente Maldonado, que remitió las actuaciones a al Fiscalía General.