Los jóvenes de distintas partes del mundo que se encontraron el último fin de semana en Villa María en una consigna contra la trata de personas elaboraron un documento a través del cual les solicitan a los líderes mundiales que en las próximas discusiones en Naciones Unidas tengan en cuenta que se debe combatir la trata transfronteriza y transnacional de personas, combatir la crisis climática y la pobreza estructural que surge de la misma, desalentar el consumo de la prostitución, profundizar la prevención y penalización de la trata de personas y ayudar a las víctimas a rehabilitarse.

“En un mundo en el que la esclavitud moderna avanza a pasos agigantados y pisotea la dignidad y los derechos fundamentales de las personas”, los jóvenes recalcaron que “la vida humana es sagrada y la dignidad del ser humano es la base moral de toda la sociedad” y que conformamos “una familia humana, cualesquiera sean nuestras diferencias étnicas, económicas, ideológicas o de nacionalidad”. “Estamos llamados a proteger a las personas y al planeta, a vivir nuestra fe en  relación con toda la creación de Dios”, apuntaron los firmantes de las conclusiones del Encuentro Mundial de Jóvenes, que estuvo impulsado por la Red Mundial de Jóvenes y la organización villamariense “Vínculos en Red”, que encabeza Alicia Peressutti con el respaldo del Papa Francisco.

En el marco de las recomendaciones a los líderes, pidieron profundizar la cooperación entre las diferentes fuerzas de seguridad para detectar, interceptar y combatir el tráfico de mujeres y niños a nivel nacional y transfronterizo y combatir el trabajo esclavo a través de la legislación trasnacional.

Demandaron también aumentar los recursos y la colaboración policial internacional “para elevar en forma significativa las bajas tasas de enjuiciamiento y condena de los traficantes”. Y que se revise la legislación que pueda lesionar los derechos de los migrantes indocumentados.

Sobre el clima, llamaron a promover y abogar por “un mundo sin emisiones de dióxido de carbono, y que sea sostenido 100% por energías limpias y renovables, que por un lado alivien los impactos del cambio climático, y que por otro lado aseguren el acceso a la energía, principal herramienta en el combate a la pobreza”.

Solicitaron que se “mejore los niveles de vida de las mujeres y consolidar sus derechos asegurándoles el acceso, el control y la propiedad de los recursos y el acceso a recursos para el desarrollo, tales como crédito, información, capacitación, servicios de asistencia y tecnologías que ahorran trabajo, acordes a la cultura”.

Por otra parte, plantearon que se efectúe un monitoreo integral (“ícono de marca”) para demostrar que los bienes vendidos en la cadena de suministro -por ejemplo, ropa y aparatos eléctricos- estén limpios de trabajo forzado, trabajo infantil o trata laboral.

En este marco quieren que se abogue por “modelos similares a los adoptados en los reinos de Suecia y Noruega, donde existen políticas públicas amplias para la reducción de la demanda y la reparación de derechos, donde la reintegración y la reinserción al mercado de trabajo juegan un papel clave, donde la asistencia y beneficios a víctimas no es condicionada a la cooperación con los sistemas de justicia penales y donde se construyen culturas sólidas que desalientan el consumo de prostitución”.

En tanto, llamaron a sancionar y promulgar reformas para la penalización a los tratantes, así como establecer políticas de incautación que destinen los bienes fruto de la trata de personas a la rehabilitación y compensación para quienes la sufrieron.

En esta línea reclamaron que se desarrollen términos y estándares de referencia mundiales para el apoyo a las víctimas, incluyendo una ayuda pública legal, seguro de protección de testigos, asistencia médica y psicológica frente al trauma, y el apoyo a las personas por parte de las agencias de servicio social.

Sobre su rehabilitación, exigieron que los países de destino distingan entre las víctimas de trata y los inmigrantes ilegales; que asuman mayores responsabilidades para el reasentamiento de las víctimas, incluida la identificación, documentación y servicios humanitarios y que faciliten espacios para que elijan libremente la residencia o la repatriación.

En ese contexto consideraron que se debe permitir que “obtengan permisos temporales de residencia, facilitando así el acceso al mercado de trabajo, y que además tengan acceso a la asistencia letrada y guías claras sobre derechos y responsabilidades, tanto a corto como a largo plazo”.