Desde la Delegación Villa María del Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba, remitieron al Gobierno provincial y a los integrantes de la unicameral, una misiva donde subrayan que están habilitados para ejercer en pleno su profesión.
El texto, vale aclarar, fue elaborado tras el cruce de opiniones que se viene dando durante los últimos días entre la entidad y la subsede del Colegio de Inmobiliarios desde donde aseguran que “los profesionales inmobiliarios deben poseer una matrícula habilitante otorgada por el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios, única institución habilitada para controlar y regular dicha actividad”.
En respuesta a esta afirmación, martilleros y corredores públicos esgrimieron que “el Colegio profesional que nos nuclea , al cual nos encontramos afiliados, representa en su seno a todos aquellos que ejercemos como corredores públicos, tasadores, martilleros públicos, martilleros judiciales, martilleros de hacienda, con facultad para ejercer de manera particular, oficial y/o judicial nuestra profesión en la venta de todo tipo de bienes tangibles o intangibles de comercio lícito en todo el ámbito provincial”.
Tras describir de manera pormenorizada la trayectoria institucional de más de tres décadas del Colegio y los alcances profesionales de la actividad desempeñada por los más de cinco mil colegiados que existen en el territorio provincial, los señalamientos fueron para los inmobiliarios.
“Con incesantes campañas de desprestigio profesional el denominado Colegio Inmobiliario, ha querido imponer prepotentemente y bajo amenazas (con campañas de desprestigio personal), conductas contrarias al espíritu del ejercicio de nuestra única profesión de martillero y corredor público, en claro desmedro de la libertad de trabajo, promovidos por intereses económicos y corporativos que no representan a los profesionales del rubro, generando caos e incertidumbre en un momento de desocupación, inflación y bajas en la actividad”, enfatizaron.
“A la fecha se pretende mediante proyectos de ley, imponer a los corredores públicos de la provincia de Córdoba su afiliación y pertenencia al Colegio Profesional creado por la Ley 9.445, so pena de perder la posibilidad de ejercer nuestra profesión y no percibir las retribuciones por nuestro trabajo profesional. Ello, además de abandonar una histórica institución colegial que hemos contribuido a formar y de la que nos sentimos una parte imprescindible y a la vez orgullosos de pertenecer a la misma”, sostuvieron los autores del escrito.
“Estamos ante una avanzada legislativa inconstitucional, ya que la profesión es una sola, no hay dos profesiones, esto es así porque tanto una rama profesional como otra, permite indistinta e indivisiblemente actuar como tal, con todas sus incumbencias”, aseguraron.
“Preocupados ante una situación que nos agobia y nos perjudica profesional, económica, emocional y familiarmente, solicitamos el inmediato cese de las injurias públicas vertidas por el Colegio Inmobiliario que no nos representa y responsabilizamos de manera directa a sus autoridades de todo daño que su accionar ilegítimo nos ocasiona”, también acotaron las fuentes consultadas por este medio.
Además pidieron “se recepte por los legisladores, elegidos por el voto popular, el interés de la mayoría de los profesionales trabajadores que así se expiden, cortando toda avanzada legislativa y ratificando la plena vigencia de la Ley 7.191 de martilleros y corredores públicos en todo el ámbito de la provincia de Córdoba”, concluyeron.
