Carlos Fernández, presidente del frigorífico Sudeste SA, de Bell Ville, pidió reiteradamente audiencia con el intendente Eduardo Accastello para plantearle los fundamentos por los que se oponen al incremento de la tasa de reinspección.
En la primera oportunidad, fue por nota simple recibida el 27 de marzo y ante la falta de respuesta, envió una carta documento el 1 de abril.
Fernández entiende que imponer una tasa de esa naturaleza es contrario a las normas vigentes y se reserva los derechos para accionar legalmente.
En la última misiva, el presidente de Sudeste plantea su rechazo a la tasa por “improcedente, arbitraria, ilegítima, de nulidad manifiesta, de carácter confiscatorio y contrario a la normativa constitucional”.
Explica que el frigorífico posee habilitación sanitaria del Senasa y que por ende “está autorizado para comercializar sus productos en todo el ámbito del territorio nacional, amparando la sanidad mediante certificación emitida por el Senasa, a raíz de lo cual, todo posterior control que se quisiera realizar sobre los productos está exento de tributación por parte de la empresa, en razón que sería una doble imposición sobre un mismo hecho”.
Entiende que el monto asignado a ese impuesto “es confiscatorio y se constituye lisa y llanamente en una aduana interior”.
Compara lo que paga un frigorífico foráneo en relación con un local, indicando, por citar uno de los ejemplos, que por una res el costo es de 50 pesos para los primeros y de 2,50 pesos para los segundos.
Por todas esas razones, solicita que Accastello le conceda una audiencia urgente “para abordar este problema y mientras tanto, suspenda la ejecución de la ordenanza respecto a la firma Sudeste para evitar la producción de daños y perjuicios que supondrían mayores costos para la empresa y para ese municipio”.

@Revisión

Por otra parte, tal como informáramos en la edición de ayer, los concejales de la oposición que integran los bloques de la Democracia Cristiana y del Frente Cívico están dispuestos a revisar la normativa, analizando las visiones de los carniceros y matarifes que se reunieron el viernes con los ediles de esos bloques.
En definitiva, el artículo 53 y 54 de la Tarifaria, que fijan esa tasa y ese incremento, están expuestos a la discusión pública.

@Diferentes miradas a un mismo problema

Carniceros, matarifes y abastecedores de la ciudad: plantean que el aumento consolida un monopolio. Aseguran que el frigorífico local no puede faenar toda la carne que se consume en la ciudad y en el caso específico de los pollos, indicaron que no hay ningún establecimiento local que los faene.
Frigorífico Villa María: desde el frigorífico entienden que si bien el aumento fue abrupto, es conveniente cobrar una tasa de esa naturaleza para garantizar los fondos para que el área Bromatología pueda hacer los controles.
Entienden que no es recaudatorio y que esa tasa tiene un objetivo funcional, cual es el de determinar que las carnes que ingresan a la ciudad lleguen con la calidad y las normas que le exigen a las que faenan en Villa María.
Consejo Asesor Municipal: para el CAM, el artículo de la Tarifaria que fija la tasa de reinspección tiene varias falencias. En primer lugar, le otorga al Ejecutivo el incremento de los importes, cuando es potestad del Concejo Deliberante.
Entienden que al “facultar” a Bromatología para que use esos fondos para controlar, no los está obligando a realizar el control. Es decir, están facultados, pero pueden o no hacerlo.
Finalmente, sugieren que el incremento de la tasa de reinspección debe garantizar que no se contribuya a la formación de un monopolio u oligopolio.