Un recorrido realizado ayer por los cortaderos de ladrillos allanados por la Justicia Federal de Villa María el pasado lunes 20 de abril y la consulta realizada a diferentes funcionarios permitió establecer que la mayoría de las supuestas víctimas de trata para explotación laboral continúan residiendo en esas tierras.
Además, los que se fueron lo hicieron por su cuenta, ya que el Estado no ha brindado ninguna herramienta para darles una mejor condición de vida ni para protegerlos, si se da por cierto que son los damnificados de un delito de esta gravedad.
Peor aún, mientras este matutino se encontraba en el campo ubicado en zona rural, en las afueras de esta ciudad, llegó uno de los propietarios del predio, Carlos Moro, quien estuvo detenido 24 días por el caso.
Es decir, el presunto tratante tiene contacto directo con las supuestas víctimas, una circunstancia que hace dudar si realmente existe el delito que demandó un megaoperativo o bien cuán serio fue el abordaje estatal del doloroso tema.
Paso a paso por el campo
Llegamos cerca de las 10.30 de la mañana. El portón de ingreso, que da a la ruta 9 (en el este de la localidad), estaba abierto y a simple vista se veía nula actividad.
Tres jóvenes fueron los primeros consultados por este medio. “Llegué después de ese operativo. No sé nada”, se excusó uno de ellos, mientras que sus dos compañeros huyeron del contacto periodístico sin pronunciar palabra.
Caminamos unos metros y nos encontramos con otros tres. Sólo uno de ellos quiso hablar: aseguró que tras el procedimiento de abril (ver recuadro) ninguna autoridad ni ningún miembro de oficinas estatales se llegó a este espacio.
Por otro lado comentó que muchos de los trabajadores decidieron irse, y que lo hicieron por su cuenta. “Algunos se fueron a Mendoza, otros a otras provincias”, soltó sin entrar en detalles.
Más adelante charlamos con otro señor. “Vinieron una sola vez, sacaban fotos desde afuera. Acá adentro nunca se nos acercó nadie más”, afirmó en relación a lo sucedido tras el allanamiento de hace más de un mes.
¿Se llevaron a algunos de ustedes? “No, ¿adónde se los van a llevar?”, respondió categórico y consideró que la acusación por trata “es injusta”.
La caminata por el lugar continuó hasta abordar a otro joven, quien desde el inicio se mostró muy reticente a las preguntas.
Le explicamos que queríamos conocer cuál fue el destino de los trabajadores y saber un poco sobre el modo de laburo. Contestó muy poco y finalmente criticó nuestra presencia. “¿Tienen credencial de periodistas? ¿Quiénes son ustedes para andar averiguando?”, dijo visiblemente molesto y se retiró abruptamente.
A treinta metros se vio a dos personas, una de las cuales dijo llamarse Limder y ser encargado de uno de los 16 hornos.
Limder llegó a Villa María hace seis años proveniente de Bolivia y previamente fue albañil, “pero no ganaba ni para comer”. Es padre de tres hijos y en estos días nacerá su cuarto heredero.
En consonancia con los demás consultados confirmó que ningún funcionario visitó el lugar tras lo sucedido y ratificó que algunas familias abandonaron el campo “por su cuenta”, aproximadamente 15 días después del operativo.
Ese megaprocedimiento tuvo sus consecuencias internas. “Ahora nadie quiere hacerse cargo de los hornos, por temor a tener problemas. Prácticamente está todo parado, porque nadie quiere ser el encargado. Algunos trabajan en las quintas, otros están acá y se la rebuscan como pueden”, narró. “Algunos cobran la Asignación Universal por Hijo, otros van a la quinta... estamos viendo cómo salimos adelante”, añadió.
En ese marco contestó algunos interrogantes.
-¿Cómo es el modo de trabajo y el pago?
-Por mil ladrillos fabricados se consiguen 280 ó 300 pesos.
-¿Cuánto tiempo demanda realizar mil ladrillos?
-Todo un día.
-¿Y cuántas personas se necesitan para alcanzar esa cantidad?
-Una sola persona puede hacer mil ladrillos por día.
Limder explicó que hay muchas situaciones que influyen en la producción. Por caso, “la semana pasada hubo mal clima y no se hizo nada”.
Según comentó, el invierno es una mala época para la actividad, que ya venía en baja por las inundaciones registradas en marzo pasado. En esa ocasión “nos llegó agua desde la ruta y desde un tambo. Esto se convirtió en laguna. No podíamos salir ni para comprar y nadie nos ayudó”, rezongó.
Dijo que ahora tiene que tirar 20 ladrillos porque ya no le sirven más. “Esas son cosas que suceden. A veces se pierde y otras veces se gana”.
Junto a un hombre que se mantuvo a su lado durante la charla, con el correr de los minutos recordaron que en realidad sí hubo un contacto con autoridades posterior a los allanamientos. “Nos han dicho que tenemos que registrarnos en la AFIP, pero no nos han explicado nada, cómo se hace, qué beneficios existen, nada”, señalaron con desconcierto.
-¿Qué pensás de la investigación por trata de personas?
-“Siento que es una falsedad. A nosotros nos vinieron a avasallar. Allá en Santa Cruz de las Sierras (Bolivia) los argentinos como ustedes son muy bien atendidos, nadie los trata mal. Acá hemos sido maltratados. Venimos a laburar y ganamos lo que podemos”, dijo Limder.
Después resaltó que “más de cincuenta” niños del predio concurren a clases. La gran mayoría va a la Escuela Julio Argentino Roca, en Monte Los Lazos. En inmediaciones también hay otro establecimiento educativo, la Escuela José María Paz.
-¿Sabés cuántas personas viven actualmente aquí?
-No tengo idea. Y no sé qué va a pasar con nosotros, porque en junio se nos vence el contrato con los Moro y no van a querer saber nada conque nos quedemos acá. Es una lástima porque ellos nos han ayudado a todos.
Todo sigue igual
Cuando nos estábamos por ir, ya más cerca del mediodía, se vio caminar a algunos pequeños con mochilas en sus espaldas, como recién llegados de clases, mientras otros nenes deambulaban por el inhóspito predio.
Entre ellos, algunas mujeres ingresaban y salían de las precarias residencias de techos de chapa colocados debajo de troncos o cubiertas, elementos utilizados para evitar voladuras a causa del viento.
Todo parece estar como en las vísperas de los allanamientos, con los trabajadores, los encargados de los hornos y los dueños del campo en el mismo espacio, como si nada hubiese ocurrido aquí.
Textos: Diego Bengoa
Fotos: María Victoria Araujo
Qué dijeron
- Tras el operativo y en días posteriores, la fiscal federal María Virginia Carmona hizo hincapié en las condiciones “infrahumanas” de los trabajadores. cuando liberaron a los detenidos conto que pidió la restricción de contacto de los imputados con las presuntas victimas. Ese pedido fue rechazado por la justicia.
- “Visualice las condiciones de vida y es algo indigno totalmente”, dijo la secretaria contra la trata de la provincia, Patricia Messio, a EL DIARIO el 26 de abril. Sobre el destino de las presuntas victimas explicó que “se produjo el compromiso de la Municipalidad de Villa María y del Ministerio de Trabajo de empezar a gestionar para darles las condiciones dignas de vivienda y que pudieran construir lo suyo”.
- Atento a que Messio aseguró que la contención de las personas quedó a cargo de Desarrollo Social de Villa María, EL DIARIO consultó ahora a Verónica Vivó. La funcionaria indicó que dio aviso al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, apuntó que el campo esta fuera del ejido villamariense y que analizan opciones.
El dato: El lunes 20 de abril distintas delegaciones de la Policía Federal, agentes de los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social de la Nación, AFIP, Migraciones, Secretaría de Asistencia y Prevención de la Trata de Córdoba y Desarrollo Social del municipio de Villa María llevaron adelante un pomposo procedimiento en el marco de una causa que es investigada por la Justicia Federal de esta ciudad.
La fiscal federal María Virginia Miguel Carmona explicó luego que la instrucción del caso comenzó tras una nota gremial publicada por EL DIARIO en la que se hacía alusión a la situación de los ladrilleros.
Tras el despliegue de abril pasado hubo cuatro detenidos, que recuperaron la libertad tres semanas después con una alta fianza de por medio.
Los hornos ocupan cerca de diez hectáreas de un campo de 49 hectáreas. Aparentemente, los dueños se quedan (por medio de un contrato) con el 13% de lo que se fabrica.
Imágenes:
F1: EL DIARIO buscó la palabra de muchos trabajadores, pero todos huyeron al contacto periodístico. El que habló fue Limder, uno de los encargados de los 16 hornos, quien consideró “una falsedad” la investigación judicial.
F2: Las condiciones habitacionales son evidentemente muy precarias. Lo que no queda tan claro es si hay trata de personas. Si la hay, no se entiende lo que EL DIARIO pudo ver en la víspera.
