La discriminación genera violencia

 

La reciente invasión de policías a los barrios populares de Córdoba es consecuencia de la política que aplica el Gobierno provincial hace años, en una mal llamada “política de seguridad”, que, sobre todo, es una política de discriminación a los sectores más postergados de nuestra sociedad, a los que el Gobierno pretende responsabilizar de las penurias que atraviesan distintos sectores sociales.

Son el chivo expiatorio de los males de la sociedad para que no pongamos la mirada en lo que realmente afecta a la comunidad, como el privilegio que tienen sectores del campo con el Impuesto Inmobiliario Rural, que se toma a valores atrasadísimos, o el privilegio de grandes sectores industriales con beneficios impositivos. Impuestos que no se cobran y que significan menos recursos para la educación y la salud.

El gobernador José Manuel de la Sota continúa con una política que ya se practicaba en otros gobiernos, como los radicales, que hacían gala de su amistad con los represores de la dictadura.

Así, la sociedad ha sido convencida de que por ahí, por la existencia de villas humildes y chicos con gorra, pasa el grueso de sus males, y los políticos no han aclarado que pasa por otras cuestiones. La solución pasa por la inclusión social, lo que es diametralmente opuesto a la represión y la discriminación.

Pero para que se dé esta situación hay otro partícipe necesario, que es el Poder Judicial, donde existen fiscales que no juegan el rol para el que fueron designados y las causas terminan archivadas. 

En Villa María, por ejemplo, desde VACAP denunciamos violaciones a los derechos humanos absolutamente probadas y nada hicieron. Uno de los casos fue la detención que realizaron tres policías de un joven, al cual le quemaron el rostro y el pecho. El propio médico policial le asignó 15 días de curación, pero así mismo la causa no tuvo trascendencia.

Advertimos que esta inacción abre las puertas a la impunidad total y así ocurrió: ya ha muerto un chico, Joel Solá, en circunstancias no dilucidadas.

VACAP pidió a la superintendente Cecilia Fernández una nómina de denuncias por abuso policial y, de ellas, cuáles fueron a juicio, pero nunca tuvimos respuesta, a pesar de que existe una acordada del Tribunal Superior de Justicia que dice que las causas contra funcionarios públicos no pueden ser motivo de sobreseimiento por prescripción, acordada que, por lo que se ve, ha caído en letra muerta.

Una prueba palpable de la negligencia judicial en Villa María es la cantidad de delitos graves no esclarecidos hace por lo menos 25 años y, en especial, el atentado a su vida que sufrió Alejandro Roganti, en el que la Justicia el único resultado que obtiene es el encarcelamiento de los sicarios, pese a que el autor intelectual fue mencionado por todo el mundo y ni siquiera fue citado como testigo dada su situación de poder. Quien debía profundizar esta causa se apartó sin motivo alguno, aunque es obvio que se apartó por el sólo hecho de verse obligado a actuar contra el poder.

Debemos decir también que en Villa María la Intendencia municipal no tuvo una actitud tendiente a que esta violencia institucional fuera combatida. Es cierto que el tema no es facultad de la Intendencia, pero nadie puede mirar para otro lado cuando se violentan derechos humanos y se observan actos flagrantes de discriminación.

También debemos decir que la represión policial recibe felicitaciones por parte de sectores del empresariado villamariense, que no advierte que esa misma represión genera más violencia, que, en algún momento, estalla de la manera más inesperada.

Roberto Armando Battaglia,

miembro de Vecinos Autoconvocados Contra los Abusos Policiales (VACAP)

 

En acción por la salud de las mujeres

 

El 28 de mayo es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Fecha en que miles de mujeres, representando a diversas organizaciones o de manera independiente, se suman al reclamo de exigir una salud completa (que implica no sólo bienestar físico y ausencia de enfermedad, sino también bienestar psicológico, simbólico y sociocultural).

La cultura machista de la que formamos parte como sociedad sigue marcando el rumbo de las prácticas de salud. En la actualidad seguimos padeciendo un sistema de salud que no prioriza la necesidad de la mujer, que no permite la decisión de la mujer, que no resuelve de manera práctica cuestiones que deben concretarse en la urgencia.

El aborto clandestino condena a la muerte a cientos de mujeres por año, siendo esa la primera causa de mortalidad materna en nuestro país. En la Argentina se calcula que alrededor de 500 mil mujeres recurren cada año al aborto clandestino, mostrando cómo la penalización no impide su práctica, sino que la hace peligrosa por la falta de recursos económicos de muchas mujeres. 

El aborto es parte de la cotidianeidad de medio millón de mujeres que año a año desoyen mandatos sobre sus cuerpos y sus vidas, trayendo al escenario público un tema crucial: la maternidad debe ser voluntaria, deseada, proyectada.

La legalización del aborto no obliga a nadie a practicarlo, por el contrario, garantiza condiciones sanitarias dignas, seguras y gratuitas para todas las mujeres que deciden interrumpir un embarazo. 

En este 2015 se cumplen 10 años de trabajo continuado de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la cual plantea: “Despenalizar y legalizar el aborto es admitir que no hay una única manera válida de enfrentar el dilema ético que supone un embarazo no deseado. Reconocer la dignidad, la plena autoridad, la capacidad y el derecho de las mujeres para resolver estos dilemas y dirigir sus vidas y aceptar que el derecho a decidir sobre el propio cuerpo es un derecho personalísimo de todo ser humano”.

Un Estado laico y democrático debe garantizar la libertad y el respeto a las creencias de todas las personas y es su responsabilidad diseñar y ejecutar eficazmente políticas públicas que garanticen el derecho a la salud integral de las mujeres.

De esta “inseguridad”, la que vivimos día a día las mujeres, la de los abortos clandestinos en condiciones de insalubridad, de esa inseguridad no se habla en los medios, pero existe en cada rincón, a todos nos encuentra (familiares, amigos, conocidos han pasado alguna vez por esta práctica o han acompañado a alguien). Por esto creemos que las mujeres debemos decidir sobre nuestro cuerpo.

Colectivo Las Juanas