Señor director:
La siguiente es la declaración elaborada en el Encuentro de las Delegaciones de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de la provincia de Córdoba realizado en la localidad de Capilla del Monte.
Las entidades participantes, de Villa María, Córdoba capital, Río Tercero y Capilla del Monte, solicitamos tenga a bien publicarla.
Atentamente.
Elvio Omar Toscano, APDH Villa María
Declaración sobre violencia institucional en la provincia de Córdoba
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos venimos a repudiar y solicitar el inmediato fin de la totalidad de atrocidades y vejámenes que se encuentran sufriendo las personas que habitan en los lugares más vulnerables de esta comunidad, en particular de las zonas más desposeídas de esta sociedad despótica que el poder político gobernante se encuentra instaurando.
El 31 de marzo de 2014 nuestra institución concertó y concretó una reunión con la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba, la Dra. Graciela Chayep, a quien le manifestamos con énfasis nuestra gran preocupación por la situación de violaciones a los derechos humanos que se llevan a cabo en la provincia mediante la fuerza de seguridad de la misma, esto es la Policía de la Provincia de Córdoba.
Además, le expresamos nuestra desazón e intranquilidad por la actuación violenta de dicha fuerza dentro del marco de aplicación del Código de Faltas, requiriéndole la necesidad de una modificación o derogación de las normas del mismo.
Para demostrarle de que estábamos hablando, le señalamos la innumerable cantidad de detenciones violentas y masivas de jóvenes entre 18 y 25 años provenientes de los sectores más vulnerables.
A la luz de la realidad que nos muestran los episodios ocurridos días atrás en la capital de nuestra provincia, nos damos cuenta de que la Sra. ministra no ha tomado recibo de las preocupantes y graves violaciones a los derechos de tales personas, que no se han modificado, sino, por el contrario, se han agudizado y se mantienen en forma cruenta y despiadada.
Se agrega, además, que tal agudización de la problemática de violencia que sufren los más desprotegidos se vislumbra como una suerte de nueva dictadura de Estado, pero esta vez a nivel provincial, o también como una suerte de toque de queda respecto a cierto tipos de personas, las cuales se ven imposibilitadas de deambular por las calles de las grandes ciudades de la provincia para así aparentar una “sociedad más segura” o demostrar una “sensación de seguridad”.
Es necesario a esta altura poner de relieve que la naturaleza humana en su complejidad nos advierte que, además de tener virtudes y valores positivos, hay en ella otras condiciones propias o del contexto social, siendo la más vil, y de ella hablamos, la violencia.
“Superar las formas represivas”
Lo que está pasando no sólo es una cuestión individual; es, sin duda, un reflejo de la complejidad social, que nos exige superar las formas represivas de trato, pues éste ha sido totalmente superado; ya no es suficiente una mirada disciplinadora, sino que se debe imperar por la necesidad de compartir espacios para la construcción de valores propios de la sociedad actual que incluya sus pluralidades y diversidades a partir de una concepción democrática de la seguridad.
“Un espacio comunitario para discutir”
Por ello, requerimos a los más altos estamentos del Gobierno provincial la necesaria y urgente disposición de un espacio comunitario para discutir y confrontar estrategias que nos permitan avanzar en la temática de la violencia institucional que ejerce la Policía de Córdoba, abriendo la posibilidad de análisis a la totalidad de agrupaciones o instituciones sociales que puedan sumar sus experiencias y aportes para lograr una democratización de las agencias de seguridad, para de esa forma tener herramientas para frenar y poner coto a los operativos “saturación”, de abuso policial o de cualquier otra índole que se enmarque en el quebrantamiento de los derechos constitucionales -sobre todo, de los derechos humanos- que todos los habitantes del país tenemos y, de esa forma, ejercer también un control político de las mismas.
Casi con certeza que se encontrarán los nexos recíprocos entre las instituciones, la sociedad y el individuo, como así también, se encontrarán las herramientas necesarias para su temprana detección y su correcta atención.
Estas cuestiones y otras de carácter social no se resuelven con mano dura, es necesaria una decisión política que nos permita compartir los análisis para encontrar juntos los caminos de convergencia que atiendan con una mirada holística y más comprensiva el problema.
A esto, al Estado provincial parece no importarle, toda vez que se encuentra ajeno a los tiempos que corren, dado que da uso a su poder coercitivo solo para fines egoístas y particulares como lo son las elecciones gubernamentales de tal o cual candidato, dejando con ello todo para lo cual fue formado el Estado o, mejor dicho, “un” Estado de derecho.
El Código de Faltas
Debe remarcarse que Córdoba se encuentra entre las provincias con mayores niveles de represión policial y de persecución hacia la juventud pobre, mediante el Código de Faltas, criminalizando y haciendo víctimas de arbitrariedades a los ciudadanos de los barrios periféricos
Para finalizar, queremos exponer algo que todos conocemos, más represión no significa menos delitos. Una concepción integral del concepto de seguridad implica la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población.
Por todo lo dicho, y tal como informáramos ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, desde esta organización exigimos el inmediato cese de las detenciones arbitrarias, malos tratos u otras denigraciones humanas y solicitamos las inmediatas modificaciones legislativas de toda normativa que institucionalice la violación de derechos humanos en la provincia de Córdoba.
