La Asamblea contra la Corrupción y la Impunidad se constituirá como querellante en el marco de la denuncia realizada contra la Cooperativa de Agua 15 de Mayo, por verter líquidos cloacales sin tratamiento al curso del río Ctalamochita.
“Estamos esperando que llegue el expediente de la Secretaría de Ambiente que depende del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía de la provincia y que alguno de los fiscales se avoque, es decir que se haga cargo del expediente, y vamos a presentar la querella”, admitieron algunos de los miembros de la Asamblea en diálogo con EL DIARIO.
“Al presentarnos como querellantes estamos pidiendo participación en la investigación, solicitamos que se nos permita asistir a las audiencias que se tomen en el juicio, ofrecer pruebas y tener conocimiento del expediente para saber cómo va evolucionando la causa”, detallaron.
A principios de mayo, la Asamblea denunció en la Secretaría de Ambiente de la provincia que la planta depuradora de líquidos cloacales no funciona y arroja al río los desechos sin tratar. A la vez, denunciaron públicamente que la Cooperativa 15 de Mayo cobra en la factura 41,76 pesos en concepto de “costo por mantención de la planta depuradora”.
Para reclamar por este ítem que la Asamblea considera un “cobro indebido”, gracias a que la planta depuradora no está funcionando, se confeccionó un formulario modelo para que los vecinos presenten demandando la devolución de ese importe.
“Los vecinos que estén dispuestos a demandar a la Cooperativa deben intimarla para la devolución del dinero que les ha cobrado desde agosto de 2013, además de reclamar que se deje de hacerlo, porque si la planta no funciona no pueden seguir cobrando”, indicaron.
“Los vecinos individualmente tienen que hacer la intimación para que en el plazo de 15 días se les devuelva ese dinero cobrado indebidamente. En muchos casos la Cooperativa ha contestado rechazando todo, diciendo que la planta funciona ininterrumpidamente desde 2011, hay una contradicción porque ellos durante una reunión habían reconocido que no funcionaba”, señalaron.
En este punto, aclararon que la intimación se hace a través de un modelo de nota que confeccionó la Asamblea, que puede retirarse en San Martín 240 o solicitárselo a cualquier miembro.
“Antes recibían las notas sin cuestionamientos, a la gente le era más cómodo dejarnos el formulario y nosotros la llevábamos. Ahora tiene que ir cada uno personalmente, con su nota y su DNI, para constatar que la cuenta esté a su nombre, esa es la nueva exigencia de la Cooperativa”, afirmaron.
“Otro paso que podemos seguir nosotros es iniciar las demandas civiles correspondientes si estos reclamos no son atendidos”, manifestaron.
Cómo se inició la investigación
Para su investigación, la Asamblea partió de un trabajo de tesis realizado por José Andrés Chicala López, alumno de la UNC, quien realizó una práctica profesional supervisada en la carrera de Ingeniería Civil, a principio de 2014, que con respecto a la planta de Villa María dice: “Las lagunas primarias son aireadas mecánicamente, habiendo sido provistas inicialmente con ocho aireadores, haciendo un total de 24, que en ocasión de la visita a la planta, el personal aduce que dicha falla (el no funcionamiento de los aireadores), se debe a que el líquido cloacal es muy agresivo a los materiales del aireador”. Al momento de la visita también se detectó que no se estaba clorando el efluente que luego era vertido al río. Concluye que el estado de abandono es alto, con gran cantidad de carga orgánica y bacteriológica.
La Asamblea solicitó un estudio para corroborar la información, al laboratorio de la red oficial de Senasa, que pertenece a la UTN Villa María.
Para hacer un análisis bacteriológico del agua del río, se dispuso la extracción de una muestra en las proximidades del caño de desagote de la planta, que fue certificada en el lugar por el escribano Fernando Tell.
Los resultados reflejaron: demanda bioquímica de oxígeno DBO5: 106; demanda química de oxígeno DQO: 412; coliformes totales: 1.7x10 a la sexta potencia; los niveles de DBO5 y DQO son el triple del máximo permitido, los niveles de coliformes totales son 140 veces superiores al máximo permitido.
Además, la Asamblea constató que la energía eléctrica que provee EPEC a la planta, se redujo un 90% en el consumo mensual desde agosto de 2013.
“Los aireadores andan con electricidad, es decir que no funcionan desde hace tiempo”, remarcaron.
Cómo debería seguir el caso
Tras la denuncia a principios de mayo en la Secretaría de Ambiente de la provincia, el 27 de mayo hicieron una inspección en la planta depuradora de líquidos cloacales donde se constató que no funcionaba y que se estaban tirando al río los líquidos cloacales sin tratamiento. Durante la inspección también se encontraron desechos industriales, lo que sería un delito ambiental.
Le dieron cinco días de plazo a la Cooperativa para solucionar el problema y que se pusiera en funcionamiento la planta. Ese plazo ya se cumplió y desde la Secretaría dijeron que se corría vista de las actuaciones al fiscal de turno de Villa María para que comenzara la investigación penal correspondiente.
Hasta ayer a la mañana, en la Fiscalía de turno no había llegado el expediente, por lo que la investigación no ha comenzado, puntualizaron desde la Asamblea.
“Desde la Fiscalía deben instruir la causa porque se ha cometido un delito ambiental, tendría que determinar las responsabilidades, imputar a los responsables que serían en primer lugar las autoridades, a los que hay que tomarle declaración, analizar por qué y desde cuándo no funciona, analizar qué responsabilidad le puede caber a la Municipalidad de Villa María en su carácter de concedente del contrato a la Cooperativa y que los habilita a cobrar 41,76 pesos al mes a cada contribuyente, que a 38 mil usuarios les representa un ingreso mensual de 1,6 millón de pesos por algo que no está funcionando”, precisaron desde la Asamblea.
