El fiscal de la Cámara del Crimen de Villa María y el representante de la Querella solicitaron ayer la pena máxima para Nora Lilián Abelleira (57) y José Alberto Deheza (50) por el asesinato del comerciante villanovense Enrique José “Kike” Espósito (52), ocurrido el 17 de junio de 2011.
Al pronunciar sus respectivos alegatos, en el marco de una extenuante audiencia de debate que comenzó apenas pasadas las 10 y concluyó sobre el filo de las 21.30, tanto el fiscal Francisco Márquez como el abogado José Luis Bertoldi coincidieron en reclamar que se les imponga prisión perpetua a ambos imputados, aunque difirieron en la calificación legal del más grave de los delitos que se les atribuyen.
El acusador público pidió que Deheza sea declarado culpable como autor material de “homicidio doblemente calificado, por uso de arma de fuego y por promesa remuneratoria”, mientras que en el caso de Abelleira se la condene en calidad de “partícipe necesaria” del mismo delito.
En cambio, el querellante particular solicitó que a Deheza se lo declare culpable de “homicidio triplemente calificado, por uso de arma de fuego, por alevosía y por promesa remuneratoria” y a que a Abelleira se la declare cómplice necesaria de igual ilícito.
Para ambos casos, el Código Penal de la Nación establece como única sanción la prisión perpetua.
Finaliza esta tarde
Exactamente a las 21.25 y debido a lo avanzado de la hora, el presidente del tribunal, René Gandarillas, dispuso un cuarto intermedio hasta hoy a las 9 para la continuidad del debate. Así, en la duodécima y -ahora sí- última audiencia de debate, expresarán sus conclusiones los abogados Eduardo Luis Rodríguez y Juan Antonio Rusconi, defensores de Deheza y Abelleira, respectivamente.
Seguidamente, el juez Gandarillas les concederá a ambos acusados la “última palabra” y una vez concluida esa instancia procesal, jueces y jurados populares pasarán a deliberar para dictar sentencia.
Ante la gran cantidad de elementos de prueba que se deberán analizar, se estima que el cónclave en el cual se votará por la inocencia o culpabilidad de los implicados durará no menos de tres horas, por lo cual el veredicto se estaría conociendo entre las 17 y las 19.
Maratónica audiencia
La extensa jornada de debate comenzó con poco más de una hora de retraso y tuvo varias interrupciones, a tal punto que tanto el fiscal como el querellante expresaron sus conclusiones en dos y tres etapas, respectivamente.
En total, Márquez alegó por espacio de tres horas y 20 minutos, mientras que Bertoldi lo hizo en tres horas y 50 minutos. De ese modo, la audiencia se extendió hasta casi las 21.30, por lo que se hizo imposible continuar con el debate.
El titular del Ministerio Público sostuvo que en el expediente no había “prueba directa” que incriminara a Abelleira y a Deheza con el crimen, pero dijo que “son muchos los indicios” que los involucran en la causa y precisó que se trata de indicios “concurrentes, convergentes y unívocos”.
“En realidad, no existe prueba directa, porque nadie escuchó a Abelleira cuando contrató a Deheza para que matara a Espósito, ni a aquel cuando le pegó el tiro en la cabeza; nadie filmó el hecho”, admitió Márquez.
No obstante, aseguró que “son muchos los indicios y esos indicios con concurrentes, convergentes y unívocos”.
De entrada nomás el fiscal de Cámara sostuvo la acusación original formulada por su par de Instrucción, Gustavo Atienza, y afirmó que Abelleira “quería desvincularse de los Espósito” (en alusión a su pareja y a los hermanos de éste, verdaderos dueños de la herencia familiar) y que “lo único que le importaban eran sus hijas y sus nietas… no ‘Kike’ y mucho menos sus hermanos”.
“Una presta nombre”
Al respecto, Márquez enfatizó que Abelleira “era una presta nombre”, ya que los campos que pertenecían a los Espósito habían sido puestos a su nombre para evitar que fueran embargados ante los numerosos juicios que tenía la firma Natalio Alba SA, pero que, “en realidad, los propietarios (de esos predios rurales) eran Enrique y sus hermanos Mauricio, Jorge y Gustavo”.
“Deheza lo mató”
En otro pasaje de su alegato, el fiscal se refirió a dichos del presunto sicario, expresados la semana pasada cuando amplió su declaración indagatoria: “El señor Deheza nos dijo acá que fue (Arnaldo) ‘Pinky’ Farinone quien organizó el asalto desde la cárcel, y esta Fiscalía dice que sí, pero con él (por Deheza) como autor material del homicidio”.
“El 13 de marzo de 2011, es decir tres meses antes del crimen, la señora Abelleira fue a verlo a Farinone a la cárcel y le propuso el ‘trabajo’; entonces ‘Pinky’ le entregó el hecho a Deheza, quien recuperó la libertad el 3 de mayo”, agregó Márquez para sostener la acusación.
También se refirió a la “venta a escondidas” de Enrique Espósito de un campo de 112 hectáreas (por el cual le pagaron 960.000 dólares), el 28 de mayo de 2011, es decir apenas 20 días antes del asesinato, y agregó que el 20 de julio de ese mismo año, o sea un mes y tres días después de la muerte del comerciante, Abelleira compró tres departamentos en el Edificio Alem, ubicado sobre la avenida homónima, entre Catamarca y Santa Fe.
Márquez recordó que el otro campo de la familia Espósito, de 136 hectáreas y también ubicado en la zona de Arroyo Algodón, fue vendido el 22 de diciembre de 2011 en la suma de 1.230.000 dólares.
El acusador público dijo también que “Abelleira sabía que, si bien casi todos los bienes de los Espósito estaban a su nombre, ella no era la dueña”.
“Todo prolijito”
Al referirse a la escena del crimen, el fiscal dijo que “estaba todo prolijito” y aseguró que “no se trató de un robo, sino que directamente fueron a matar a Espósito”.
Con respecto al presunto autor material del crimen, Márquez refirió que el cruzamiento de llamados telefónicos permitió saber que ambos acusados se comunicaron en más de 70 oportunidades entre dos días después de que Deheza salió de la cárcel y hasta la misma noche del homicidio. Sobre el particular, el querellante se refirió minuciosamente a esos llamados, lo que se detalla más adelante.
El querellante
A su turno, Bertoldi dijo una y otra vez que Nora Abelleira “mintió en forma descarada” durante todo el proceso, e incluso durante la declaración que prestó al comenzar el juicio, el pasado 18 de mayo, y aseguró que “en las dos terceras partes de su exposición se dedicó a embadurnar al doctor Rusconi y al fiscal que tuvo la causa en un comienzo, el doctor (Daniel) Del Vö”.
En la primera parte de su alegato, el acusador privado pidió al tribunal que se remitan a la Fiscalía de Instrucción de turno las actas del juicio para que se investigue a Abelleira como presunta autora del delito de defraudación en perjuicio de Natalio Alba SA por la venta, como propios, de dos campos que pertenecían a la firma.
También solicitó que la acusada sea investigada por estafa en perjuicio de Jorge Cabana, amigo de los hermanos Espósito, por apropiarse de un terreno de 7 hectáreas que luego le vendió a la Municipalidad de Arroyo Algodón para ser loteado.
Bertoldi pidió además que se investigue a Verónica Volpe, hija mayor de Abelleira, por considerarla “partícipe necesaria de defraudación” en la venta irregular del campo de 112 hectáreas, y como “partícipe necesaria de falsedad ideológica”, en este caso por haber consignado un precio falso de venta.
El querellante también solicitó que se investigue a los testigos Yanina Andrea Larghi, Pablo María Ghiano y Nilda Haydeé Bustamante por la presunta comisión del delito de “falso testimonio”, y que se haga lo propio con el productor agropecuario Marcelo Luis Dichiara (quien compró el campo de 112 hectáreas) y la escribana Romina Turletti (dueña de la Escribanía de Los Surgentes donde se realizó la venta de dicho campo), en ambos casos como supuestos coautores de “falsedad ideológica”.
“Indicios que sirven”
Al abordar la carga probatoria que incrimina a Abelleira y Deheza en el crimen de Espósito, Bertoldi sostuvo que “los indicios sirven tanto como la prueba directa”, abonando los dichos del fiscal Márquez.
Más adelante se refirió a la pericia psicológica que se le realizó a la acusada, en la cual se la describió como una persona “mentirosa, manipuladora, agresiva y con falta de empatía”.
“Siempre dijo que era soltera, viuda y que nunca contrajo matrimonio, pero durante el juicio pudimos saber que legalmente sigue casada con Ricardo Oscar Volpe, ya que el trámite de divorcio que se inició en 1999 nunca tuvo sentencia”, señaló el representante de los hermanos Espósito.
En otro pasaje de su extensísimo alegato, Bertoldi enfatizó que “todos los testigos de descargo (es decir, los convocados por las Defensas) son una banda de mentirosos, además de los dos imputados”.
El “testigo clave”
Por otra parte, el querellante dijo también que en una oportunidad recibió en su estudio al denominado “testigo clave” de la causa, Franco Damián Irigoita, quien lo fue a consultar ante el temor que sentía por las amenazas de las que estaba siendo víctima. Y precisó que fue él, Bertoldi, quien tramitó ante el fiscal de Instrucción la designación de una custodia en su domicilio particular.
Cabe recordar que Irigoita, un exempleado de Espósito que se dedicaba al reparto de los quesos que comercializaba la víctima, fue quien atestiguó en contra de Abelleira y Deheza luego que la mujer, según declaró, le confesara que ella había “armado todo” para mandar a matar a “Kike” y que después “no pudo parar” al sicario para evitar que el crimen se consumara.
Al referirse a los cruces de llamadas entre los teléfonos celulares que estaban en poder de los acusados, Bertoldi enumeró una docena de comunicaciones realizadas el mismo día del crimen, con detalles de hora y tiempo de duración de las conversaciones, otra prueba indiciaria que consideró “muy importante” en la causa.
Fotografías: 1) El fiscal Márquez explicó cómo Abelleira y Deheza se pusieron de acuerdo para llevar a cabo el asesinato
2) Los defensores Rusconi (sentado) y Rodríguez formularán hoy, a partir de las 9, sus respectivos alegatos
3) Ante una sala colmada de público, el fiscal y el querellante expresaron sus conclusiones
4) De izquierda a derecha, los jueces Silvia Saslavsky, René Gandarillas y Osvaldo Samuel
5) El jurado popular, integrado por 12 ciudadanos comunes, será el encargado de decidir sobre la inocencia o culpabilidad de los dos imputados. Los ocho titulares votarán junto a los camaristas Saslavsky y Samuel