En la edición de ayer, en la sección Los lectores también escriben, una joven dio a conocer su versión sobre la situación irregular de trabajadoras no registradas en un local donde también se había desempeñado por "seis meses en negro". La Delegación Villa María del Ministerio de Trabajo fue centro de una audiencia donde se dio a conocer el blanqueo de las tres empleadas.

Más allá de la crónica que ensucia y daña a un funcionario de la Delegación de Trabajo, donde se lo acusa, por versiones de terceros, de haber "arreglado todo" con un abogado de la empresa, la audiencia de ayer encaminó la situación.

 

Relevamiento

A partir del relevamiento realizado en un local de la Terminal de Omnibus, de rutina, llevado a cabo por la secretaria Gremial del Centro de Empleados de Comercio (CEC), Gabriela Navarro y el inspector Jorge Maldonado, lo que consta en actas, el pasado 9 de junio, y derivó en la participación de un abogado de apellido Aimar (Juan Carlos Miguel), quien se supone suegro de la titular del comercio inspeccionado. Toda esta documentación obra en poder del Ministerio de Trabajo y ayer se realizó la audiencia en la sede de calle Corrientes 1279.

 

Alta temprana

Vale mencionar que antes de la misma, la empleadora presentó las altas tempranas (formulario 931) de las tres trabajadoras registradas en la inspección que llevaron adelante Navarro y Maldonado, donde consta su situación de "blanqueo" a partir del jueves pasado, 18 de junio, por lo que resuelve en gran medida lo denunciado. Pero además, las trabajadoras relevadas declararon cinco horas de trabajo, por cinco días a la semana, más el domingo en uno de los casos, y que trabajan en ese comercio desde hace un año. Ese dato apuntado en el relevamiento por el inspector y la gremialista, pasó a ser parte del acta redactada ayer para que "a los fines indemnizatorios", el patrón deba reconocer esa antigüedad y no la que marca la fecha del alta.

 

Cuarto intermedio

Hay más cuestiones que el gremio, sus dirigentes, exigirán, de seguro, y habrá un cuarto intermedio para que los dueños, su abogado, un contador o un apoderado, presente la documentación restante, en menos de 15 días, pero hasta ayer, lo actuado se condice con las probabilidades de manejarse en pos de la defensa de los derechos de los trabajadores.