La polémica por el gasto de más de medio millón de pesos efectuado por la comuna en pautas publicitarias, sin haber sido aprobadas previamente por el Tribunal de Cuentas llegó al ámbito judicial.
Es que el pasado martes el vocal del organismo de contralor, José Naselli, presentó al fiscal de Instrucción de Turno un pedido de investigación penal por la supuesta comisión de un ilícito en el que se encontraría involucrado el intendente municipal, Eduardo Luis Accastello, y “probablemente algunos otros funcionarios de la comuna”.
“Los hechos devienen de la contratación directa, por parte del Sr. intendente, de pautas publicitarias sobre programas de actividades del municipio, con medios de alcance provincial (Canal 12, 10, 8 y Cadena 3)”, indicó Naselli.
Cabe recordar que para realizar las contrataciones el intendente debía contar con la necesaria autorización del Tribunal de Cuentas, tal como lo prescribe la Carta Orgánica Municipal (COM).
Solicitada la autorización, la misma fue denegada por el Tribunal (recibió la desaprobación de Naselli y Andrea Mussa), por considerar que se violaban las disposiciones sobre la veda electoral.
Días después, el intendente repitió el pedido de autorización de fondos a través del mecanismo conocido como “insistencia”. Pero al mismo tiempo, sin esperar que el Tribunal resolviera sobre esta cuestión, procedió a realizar las contrataciones.
Según puntualizan los vocales y referentes de la oposición en el Tribunal de Cuentas, “contrató sin autorización, al margen de las ordenanzas vigentes”.
La acción (para sorpresa de los denunciantes) fue confirmada por el asesor letrado del municipio, abogado Ricardo Borsato, que ratificó que las pautas por las que se pedía autorización “ya habían sido emitidas por los distintos medios de prensa”.
“Entendiendo que la conducta del señor Accastello (y de algunos funcionarios que lo secundan) podría constituir un ilícito de carácter penal, procedí a cumplir con mi obligación como tribuno y puse el hecho en conocimiento de la Justicia”, manifestó Naselli.
“Entiendo que se deberá investigar si hubo una doble infracción penal, por abuso de autoridad, tanto al contratar publicidad violando la veda electoral, como también al contratar sin la necesaria autorización del Tribunal de Cuentas”, concluyó el tribuno.
En cifras
Según pudo conocerse, la comuna efectuó los siguientes contratos: a) con Radiodifusora Del Centro SA (Cadena 3 de Córdoba), por $106.085,66 por aviso informativo; b) SRT de Universidad Nacional de Córdoba (UNC) (Canal 10 de Córdoba), por $110.024,62 por pauta publicitaria de TV; c) Añares SA (Teleocho - Grupo Telefe), por $30.250,00 por 32 salidas de aviso informativo en programa de TV “Vení Mañana”; d) Telecor SACI (Canal 12 de Córdoba), por $194.498,30 por 16 salidas de 30 segundos de pauta publicitaria; e) Televisión Federal SA (Canal 8 de Córdoba), por $110.000 por 660 segundos de pauta publicitaria.
Es importante decir que los contratos se hicieron en todos los casos sólo por el mes de mayo del corriente año.
