El 15 de junio, la exconcejala Bailone, junto a decenas de firmas de vecinos, expresó la “preocupación por la escasa información vertida en el Decreto 215/15 del 30 de abril”, con el que el intendente llamó a elecciones.

Sostuvieron que era escueto y que le faltaba claridad, generando “incertidumbre respecto a salvaguardar la integridad de la norma que da origen” al defensor del pueblo, “como así también deja flancos expuestos que a nuestro entender violarían el espíritu de la ley, poniendo en juego la representatividad y la función para la que fue creado”.

En un escrito presentado ante la Junta Electoral, los ciudadanos indicaron que se comprendía que “a los fines prácticos y presupuestarios” estas elecciones coincidan con las de los demás cargos, “pero queda poco claro cómo se implementaría en adelante” y rechazaron “de manera contundente que comparta boletas” con los otros cargos a elegir.

“El método de elecciones atentaría contra la autonomía, objetividad y despartidización”, advirtieron al respecto, lo que “vulnera el derecho de los ciudadanos sin afiliación a partidos y que aspiren” a ese puesto.

Cabe decir que la Defensoría tiene plena autonomía funcional, administrativa y financiera, no está sujeta a mandato imperativo alguno y no recibe instrucciones de ninguna autoridad.