Representantes de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) “RAC-Forobra SA” presentaron ante el Tribunal de Cuentas, la Auditoría General y el Concejo Deliberante de la ciudad una denuncia, donde exponen “gravísimas irregularidades” que se suscitaron en el ámbito de la Municipalidad de Villa María, más precisamente en el Instituto Municipal de Inversión (IMI).
Según indicaron el ingeniero Roberto Cajal y el abogado Eduardo Torres Buteler, a través del escrito presentado ante las reparticiones oficiales, el eje de la acusación formal gira en torno al “pago indebido, antijurídico e infundado de fondos provenientes del erario público a la empresa constructora Ivecor SA, adjudicataria de la obra pública ‘Sesenta mil metros cuadrados de cordón cuneta y badenes’”, cuya licitación se efectúo en 2012.
Según precisaron los referentes de la empresa constructora a manera de fundamento de su denuncia, tras la licitación que terminó adjudicándose Ivecor SA en 2012, el municipio dispuso una redeterminación de precios que fue aprobada en el Concejo Deliberante a través de la Ordenanza Nº 6.767.
La decisión oficial adoptada a través del IMI “supuso una variación en el precio objeto del contrato” durante el transcurso de las obras que impactaron en las finanzas comunales y también a la empresa denunciante que ofreció ejecutar el contrato por 297,34 pesos el metro cuadrado y perdió ante los 264,92 propuestos por Ivecor SA.
“ Tal gravísima irregularidad afecta a toda la comunidad de la Municipalidad de Villa María, puesto que se ha gastado del erario público una suma en concepto de pago de redeterminación de precios que estaba absolutamente prohibida en el contrato”, sostuvieron los de “RAC-Forobra SA”, antes de redondear: “La comunidad toda está erogando un dinero que nunca debió abonar ya que el régimen legal no habilita a Ivecor a cobrar la redeterminación de precios ni permite a la Municipalidad efectuar el pago”.
“Tal redeterminación afecta también puntual y directamente a la UTE que represento ya que aquí se cambiaron diametralmente las ‘reglas de juego’ que se tuvieron en cuenta al momento de efectuar la oferta”, manifestaron también.
En este sentido, es importante recordar que en el pliego de bases y condiciones se estableció (en el artículo 1) que la obra se contrataría por el sistema de “unidad de medida” y el precio del ítem que se licita (metro cuadrado de cordón cuneta y badenes), tendría “un precio único, fijo y no reajustable en todo el período de ejecución de la obra”.
Defraudada y perjudicada
“La UTE se ha visto realmente defraudada y perjudicada por el IMI y la Municipalidad”, subrayaron los autores del manifiesto.
“De seguro que si el pliego hubiera autorizado la redeterminación de precios, la UTE, hubiese ofrecido ejecutar el trabajo a un valor inferior incluso a los 200 pesos por metro cuadrado”, aseguraron.
“En suma, el absoluto desmanejo patrimonial del municipio se vislumbra simultáneamente desde tres perspectivas: estafó a los vecinos al erogar un dinero prohibido, obligándolos a pagar, más de lo que corresponde; favoreció económicamente a la empresa contratista en desmedro de la ley y perjudicó a la otra empresa que había participado de la licitación”, apuntaron.
En consecuencia a todo lo expuesto, los de “RAC-Forobra” reclaman ante los ediles, el auditor general y los tribunos de Cuentas que se hagan auditorías internas y/o externas en las dependencias de la administración municipal intervinientes en la licitación “con el objetivo de encontrar la verdad material de lo acontecido con motivo de la utilización indebida de fondos públicos”.
También piden que se requieran datos o informes sobre el tema, se observen las órdenes de pago, rechacen la cuenta de inversión relacionada al pago de la redeterminación prohibida y que haga efectiva la denuncia ante los órganos administrativos y judiciales competentes.
