“Buscamos ser lo más justos posible para el que más lo necesita”, afirmó Pablo González, presidente del Instituto Municipal de la Vivienda e Infraestructura Habitacional, al momento de explicar cómo hace el municipio para determinar a quién beneficia con la entrega de una vivienda social.

Días atrás este medio publicó el reclamo de dos madres que aseguraban estar inscriptas en la Municipalidad para recibir una vivienda desde hace 8 años y que, dijeron, constantemente están insistiendo para que se les asigne una.

A raíz de esto, González fue claro al explicar: “Puede haber gente que hace 8 ó 10 años que está anotada, justamente porque no son prioritarios. Cada uno que se va a anotar se considera prioritario, pero nosotros debemos ser ecuánimes en esto, porque hay gente que está en situación de emergencia impresionante. Por eso, tenemos un listado con las 50 familias en situación de más emergencia, y cada vez que tenemos casas para entregar, volvemos a rever la situación de esas 50 familias, porque pueden aparecer nuevas con más urgencias. Recién después de eso vemos a quién le entregamos la vivienda”.

El funcionario contó que la persona que se anota por primera vez, entra a una base de datos general que es actualizada permanentemente.

“Luego, tenemos un informe socioeconómico de todas las familias que se incorporan a nuestro registro y a partir de eso hacemos el listado de lo que llamamos situación de emergencia”.

De esta forma, ejemplificó utilizando el plan Eva Perón, “en el caso de que tenemos para entregar 10 casas, buscamos dentro de las familias en estado de emergencia cuáles son las más grave y a esas se les adjudican las casas”.

González agregó además que este trabajo lo realizan arquitectos y trabajadores sociales para que “de esa forma se revise absolutamente todo porque no podemos ser injustos en esto”. Cuando habla de necesidades más urgentes, se refiere, por ejemplo, “a mujeres solas con chicos discapacitados y sin empleo”.

Aseguró, además, que en el último tiempo no ha aumentado el número de gente que se acerca a anotarse, y dijo no tener el número exacto de los inscriptos aguardando una vivienda. Lo que sí garantizó es que “en estos últimos años se han resuelto, entre entregas de viviendas o programas como entrega de materiales, se han dado cerca de tres mil soluciones habitacionales”.

“Pero siempre avalados con un informe socioeconómico; nosotros vamos a visitar todos los casos, porque se da que viene mucha gente que pide por pedir”, comentó, y agregó: “Si vamos a entregar materiales para que una familia se pueda construir un baño, no entregamos todos los materiales juntos porque nos ha pasado que hubo gente que los ha vendido, entonces lo hacemos por partes y vamos verificando que los estén usando como corresponde”.

 

Qué pasa después de la entrega

Una vez que una vivienda fue entregada, según González, las visitadoras sociales se encargan de “verificar que la esté utilizando la gente a quien fue dada y de la forma en que tiene que hacerlo”, porque, consideró “para nosotros la entrega de la casa es un hecho social, es decir, nunca nos desentendemos del problema”.

Se da el caso de aquellos beneficiados que no abonan la cuota mensual, y por eso “estamos teniendo una política bastante enérgica en cuanto al reclamo para quienes no pagan la cuota”.

En ese sentido, apuntó que “hemos logrado bajar la cantidad de gente que no lo hacía, teníamos un 25% de personas que no pagaban y se logró bajar”. La importancia de exigir este pago radica en que “ese dinero que ingresa es lo que nos permite seguir construyendo viviendas sociales”. Los montos de las cuotas varían según el programa, pero pueden ir de entre $300 y $1.100. Contra aquellos que no abonan el municipio puede accionar. De hecho, González confió que “estamos en proceso de recuperar algunas viviendas porque en general la gente no paga porque piensa que total no te van a venir a sacar la casa”.

“Eso no puede ser, porque hay muchas familias que necesitarían esa casa y la pagarían, entonces nosotros lo que podemos hacer es llegar hasta la intimación y elevar los antecedentes a la Municipalidad, para que los abogados tomen la decisión de continuar el proceso”.

 

Para inscribirse las personas deben dirigirse a Mendoza 852. Los requisitos son: tener 3 años de residencia en la ciudad; presentar fotocopia del DNI, primera y segunda hoja más la de cambio de domicilio; los últimos 3 recibos de sueldo en caso de tenerlo, y la situación familiar, es decir, si está casado, si tiene hijos, etcétera.