Ninguno de los 28 policías que participaron de una reunión informativa gremial de la Unión de Policías y Penitenciarios de Argentina córdoba (UPPAC) el 28 de junio de 2014 hubiera imaginado en ese momento que, más de un año después, estarían sin trabajo y en una permanente lucha en la Justicia.

Aquella reunión, encabezada por René Zabala, secretario general, que se llevó a cabo en el segundo piso de un bar céntrico de la ciudad, terminó con todos los asistentes, que estaban fuera de servicio y de civil, imputados por el delito de “desobediencia a la autoridad” y “resistencia a la autoridad”, previsto en el Código Penal, y a quienes también el Tribunal de Disciplina les aplicó la “Ley Antimotín”, que había sido recientemente aprobada por la Legislatura cordobesa, cesanteándolos de sus cargos. Hasta una persona ajena a las fuerzas que estaba sacando fotos fue aprehendida. Una decena de los efectivos que desde entonces viven una pesadilla son de la ciudad y la zona.

Fueron varios los intentos hechos en la Justicia para que los policías fueron sobreseídos de los cargos que se les atribuían y recuperen sus puestos laborales, pero todos en vano, hasta que el abogado local Antonio Alarcos tomó el patrocinio de nueve de los imputados (ocho de Villa María y uno de Bell Ville).

Alarcos logró que, el 3 de diciembre del año pasado, 24 de los 28 imputados fueran sobreseídos, más allá de que la presentación había sido hecha por sus nueve representados. “Mis defendidos ahora no le deben nada a la justicia”, dejó en claro en aquel momento. De todas formas, aún nada han podido avanzar para que sean reincorporados a la fuerza, más allá de los constantes intentos.

 

Un año sin trabajar

Más de un año sin que se les permita trabajar, sin cobrar el sueldo, rebuscándoselas como pueden para subsistir económicamente. Así están los policías, cuyas familias meses atrás expusieron la delicada situación por la que atravesaban.

Actualmente, uno de los ocho efectivos villamarienses defendidos por Alarcos, quien dijo expresar la situación de todos y de quien se reserva la identidad porque “ya fuimos muy expuestos”, contó que están “bastante complicados, nos las arreglamos como podemos”, y sentenció: “De mi parte, no pude encontrar otro trabajo y el resto de mis compañeros tampoco”.

 

Para recuperar el trabajo

Claudio Juárez Centeno es el abogado cordobés que representa a los mismos nueve efectivos que Alarcos y que un par de semanas atrás realizó una demanda en la Justicia cordobesa “contra el Tribunal de Conducta Policial de la Provincia de Córdoba, destinada a discutir la cesantía que hizo el gobernador en base a la Ley Antimotín”, explicó. Es decir, se realizó un nuevo intento para que sean reincorporados a sus cargos.

“Estamos tratando de que se abra la instancia contencioso-administrativa para debatir el fondo de la cuestión”, apuntó el letrado, quien detalló: “Ahora hay una intimación por 10 días hábiles a la Provincia para que remita todos los antecedentes y ese plazo se está cumpliendo, la Feria empieza el miércoles que viene, pero calculo que para fin de mes van a estar todos los antecedentes remitidos y en agosto voy a notificar para que la Provincia conteste la procedencia o improcedencia de lo que planteo. O sea, agosto va a ser la fecha en la cual se va a defender la Provincia de lo que nosotros digamos”.

La demanda se basa en que “si logro sortear la valla de la formalidad y discuto la cuestión de fondo, creo que van a ser reincorporados porque la Ley Antimotín es absolutamente inconstitucional, desde el momento en que le pide un descargo por 24 horas a una persona por estar reunidos 20 retirados o activos en una casa, puede caer la Gobernación y dejarlos cesantes; es ilegítimo el proceder de De la Sota o del gobernador que venga y la idea es tratar de convencer al próximo gobernador de que derogue esta ley, que es un absurdo”.

Teniendo en cuenta que los afectados hace más de un año que están sin cobrar su sueldo, Juárez Centeno recalcó que “se va a reclamar que sea retroactivo al momento en que fueron dejados cesantes y dejaron de percibir su sueldo, vamos a ver si podemos conseguir en la Justicia una medida cautelar para que ellos vayan cobrando ahora, aunque sea un mínimo, pero esto es prematuro todavía afirmártelo”.

Las estimaciones del abogado son que “a mediados del año que viene tiene que haber una sentencia”.

 

Contra los jefes

Antonio Alarcos adelantó que, tras la Feria Judicial, se presentará una denuncia penal contra los jefes policiales que llevaron a cabo la detención de los efectivos que estaban en la reunión. “Es contra quien resulte responsable de todo esto. Vamos a ir contra todos los que hayan intervenido en la detención de mis defendidos, buscando al responsable penal de todo esto que, a la postre, hace un año que tiene sin trabajo a esta gente”, sostuvo.

Con esta denuncia que se llevará a cabo, seguramente en agosto, “se va a pedir imputación y me voy a constituir como querellante particular contra cuatro policías que fueron quienes participaron de las detenciones”.

Para Alarcos, luego de conseguir el sobreseimiento, “ahora la premisa es encontrar a los responsables para que penalmente empiecen a pagar los que nosotros creemos que tienen la responsabilidad; luego vendrá la parte económica, es decir, que paguen el daño causado de manera personal estos policías que vamos a denunciar y, subsidiariamente, que pague la Provincia”.

“No van a ser detenidos porque no tienen antecedentes, pero al menos fichados y prontuariados. Voy a meter una demanda para que sometan a un proceso penal a los responsables y si tienen suerte, que sean sobreseídos, y si no la tienen, que sean condenados en alguna oportunidad”, concluyó.

 

FECHAS CLAVES