Al menos 20 miembros de la Asamblea contra la Corrupción y la Impunidad de Villa María presentaron una denuncia penal por la supuesta comisión de los delitos de estafa, defraudaciones especiales y violación de los deberes de funcionario público de los que hace responsables a los directivos de la Cooperativa de Trabajo 15 de Mayo y a las autoridades municipales de la ciudad de Villa María. En este caso incluye desde el intendente Eduardo Accastello y a todos los funcionarios que estén involucrados con el área, quienes tenían la obligación de controlar el cumplimiento del contrato de concesión y -según los denunciantes- no lo hicieron, ni aplicaron las sanciones que le correspondían a la Cooperativa por la falta de funcionamiento de la planta depuradora de líquidos cloacales.

Según detalló la Secretaría de Prensa de la Asamblea, “la denuncia se basa en el hecho de que la cooperativa cobra desde hace más de cuatro años el servicio de mantenimiento de la planta depuradora de líquidos cloacales, mientras que dicha planta no funciona correctamente desde hace al menos dos años”.

La Asamblea recordó que “luego de tomar muestras de los líquidos que se tiran al río Ctalamochita y analizarlas en el laboratorio de la UTN, que determinó que los efluentes no eran tratados adecuadamente, se efectuó una denuncia ante la Secretaría de Ambiente de la Provincia, lo que derivó en una inspección de dicho organismo y de Policía Ambiental, en la que también se detectó que la planta depuradora no funciona y contamina el río”.

“Entendiendo, ante evidencias tan contundentes, que la cooperativa no podía cobrar ese servicio, la Asamblea recomendó el envío de notas intimando a la devolución del dinero cobrado, reclamos que fueron rechazados. En consecuencia, debido a la negativa dolosa de las autoridades de la cooperativa a devolver el dinero percibido sin causa legítima alguna, es que la Asamblea decidió presentar la denuncia penal por los delitos mencionados”, señalaron desde Prensa.

“Siendo la Municipalidad de Villa María el poder concedente y que ha entregado el cobro del servicio a la cooperativa, está obligada a controlar el funcionamiento de la planta depuradora y como no ha cumplido con su función de control, pese a tener conocimiento de que la planta no funcionaba debidamente, las autoridades municipales incurren en una violación de sus deberes de funcionarios públicos, sin perjuicio de que puedan también ser cómplices de la estafa perpetrada”, argumentaron desde la Asamblea.

 

Fiscalía de Maldonado

La denuncia fue presentada en la Fiscalía de Feria, a cargo de Silvia Maldonado.

Los miembros de la Asamblea estimaron que probablemente la fiscal la derive a la Fiscalía de Gustavo Atienza, que tiene a su cargo la investigación de la denuncia efectuada por Policía Ambiental por el supuesto delito de contaminación ambiental.

Hasta el momento, la Asamblea desconoce si Atienza dispuso la investigación de dicha denuncia.