“En la provincia de Córdoba, diversos estudios y declaraciones oficiales demuestran que la cifra del trabajo en negro ronda el 41%, sin incluir en esa cifra la masa de trabajadores subempleados de los planes sociales. En Villa María la situación se agrava. Industrias y ramas enteras, tales como la construcción, superan ampliamente ese porcentaje de trabajadores no registrados, aseguró el FIT en los fundamentos de su proyecto.

“De los trabajadores registrados, una parte significativa está contratada en abierta violación a las normas vigentes, en distintas formas de precarización que constituyen verdaderos fraudes laborales. Esta situación priva al trabajador contratado, precarizado o en negro de los derechos que las normas laborales vigentes confieren a los trabajadores encuadrados en ellas, sumergiéndolos en una situación de vulnerabilidad extrema”, agregó.

“Sólo entre los trabajadores municipales de Villa María tenemos un 60% de precarizados, mediante contratos, monotributos y becas. Es decir que el Estado municipal es el primer precarizador, además establece menos derechos a quienes ingresaron a la planta permanente a partir de 2006. Los trabajadores contratados bajo modalidades que precarizan la relación laboral o que se encuentran en negro soportan una significativa diferencia en la retribución salarial, aún cuando realicen tareas iguales”, indicó. 

“Este proyecto tiene como principal fundamento la lucha contra la precariedad laboral, la miseria salarial y la exclusión de cobertura social. Para garantizar los derechos de la mayoría de la población corresponde que se decrete la emergencia laboral y se proceda a combatir el trabajo en negro y precarizado en el municipio”, señaló la fundamentación.