El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) confirmó que en los últimos 10 años los tribunales provinciales, integrados con jurados populares, dictaron en total 340 sentencias, cifra publicada en el informe estadístico llamado “Jurados Populares en la Provincia de Córdoba”.
Según el relevamiento confeccionado a partir de los datos provistos por la Oficina de Jurados Populares del TSJ, las Cámaras del Crimen de las distintas sedes judiciales de la provincia, integradas con jueces y ciudadanos, emitieron entre 2005 y 2014, en total, 294 sentencias condenatorias (86%) y 46 fallos absolutorios (14%).
Dicho informe indica que, en 2014, en el 58% de los debates realizados con la participación de jurados populares, fueron resueltos casos de “homicidio agravado” (22 sentencias); en el 19%, “homicidios en ocasión de robo” (7); en el 18%, “tentativas de homicidio” (7), y en el 5% restante, delitos económicos y corrupción administrativa (2).
En cuanto al costo que supone el sistema, durante 2014, se destinó un presupuesto de 2.916.517 pesos para cubrir las erogaciones (por todo concepto) que supone la implementación del mecanismo en la provincia.
“En virtud del sistema que rige en Córdoba (Ley 9.182), los delitos económicos, los hechos de corrupción y los ‘crímenes aberrantes’ deben ser juzgados, obligatoriamente, por un tribunal integrado por tres jueces técnicos y ocho jurados populares titulares”, añadió el TSJ en un comunicado.
Los jurados deciden, junto a los magistrados, sobre la existencia del hecho delictivo y sobre la responsabilidad penal del imputado. En cambio, no intervienen en las cuestiones de índole estrictamente jurídica, como la calificación legal del hecho y la determinación del monto de la pena.
Si bien la función es una carga pública, las personas convocadas reciben por parte del Estado provincial un monto determinado por día que duren las audiencias de debate, como así también los viáticos correspondientes, conforme al régimen de asistencia económica para los jurados populares sorteados para integrar las Cámaras del Crimen del Poder Judicial.
